Política | Riojalandia
La Corte Suprema actualizó el monto que la ex presidenta y ocho condenados en la causa Vialidad deberán reintegrar al Estado: $684.990.350.139,86, equivalente a aproximadamente USD 540 millones al tipo de cambio actual.
¿Qué es y por qué es tan elevado este monto?
- En el fallo original de diciembre 2022, la Justicia ordenó la devolución de $84.800 millones correspondientes al desvío de fondos públicos destinados a obras viales en Santa Cruz .
- Los peritos de la Corte ajustaron ese valor por inflación e índice de precios, elevándolo a casi $685.000 millones
- El incremento contempla actualizaciones entre noviembre de 2022 y junio de 2025, usando parámetros oficiales registrados por el INDEC .
Plazo y consecuencias
El Tribunal Oral Federal Nº 2 dará 10 días hábiles para el pago. Si no se abona, se ejecutarán los embargos ya dispuestos, incluyendo propiedades, sociedades, acciones y autos
¿A quiénes alcanza esta sanción?
La restitución será solidaria: todos los condenados responderán por el total del pago, incluyendo a:
- Cristina Fernández de Kirchner (con prisión domiciliaria y seis años de inhabilitación),
- Lázaro Báez,
- José López,
- Nelson Periotti,
- Otros exdirectores y funcionarios vinculados al régimen anterior.
¿Qué implica todo esto para la política argentina?
- Fuerte señal judicial contra la corrupción: confirma que no hay impunidad, ni siquiera para expresidentes.
- Impacto económico real: recuperar USD 540 millones puede servir para financiar obras, educación o salud.
- Tensión política/calculada: la magnitud de este fallo puede condicionar los debates electorales y ajecutivos del próximo año.
Este fallo es un hito institucional y simbólico. Que una condena por corrupción pase de $85.000 millones a casi $685.000 millones refleja la seriedad del reclamo fiscal y judicial. Sirve como advertencia contra la malversación de fondos y sostiene que la Justicia puede y debe recuperar recursos para el Estado.
Sin embargo, el desafío real será materializar esta suma y garantizar que esos fondos se reinviertan en servicios públicos. Como señala la fiscalía, “el decomiso debe cumplir una función social”, ampliando el debate hacia el uso de ese dinero para reparar el daño fiscal causado por la corrupción .
