La Rioja. — La política riojana vuelve a sacudir a la opinión pública con un caso que plantea profundas preguntas sobre los límites éticos del poder. Alberto Nicolás Paredes Urquiza, ex secretario general de la Gobernación durante la gestión de Luis Beder Herrera y actual candidato a diputado provincial, fue procesado por la Justicia Federal por el delito de “estrago culposo – accidente aéreo con resultado de muerte” en el marco de la causa por la tragedia de Villa Castelli, ocurrida en 2015, que dejó diez víctimas fatales.
La resolución judicial, firmada el 14 de mayo de 2025 por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, acusa al ex funcionario por presuntas omisiones en su rol organizativo del evento en el que colisionaron dos helicópteros. Como medida cautelar, el magistrado ordenó un embargo de 30 millones de pesos sobre
los bienes del imputado, con el fin de garantizar eventuales responsabilidades civiles.
Aun así, Paredes Urquiza continúa en plena campaña electoral, en una situación que evidencia la falta de escrúpulos y de autocrítica en la vieja clase política riojana, acostumbrada a atravesar causas judiciales sin que ello altere sus aspiraciones de poder.
El caso pone en evidencia una problemática más amplia: la normalización de la corrupción y la impunidad dentro del sistema político. Mientras la ciudadanía enfrenta crisis económicas y pérdida de confianza institucional, dirigentes con antecedentes judiciales siguen postulándose para representar a los riojanos.
La tragedia de Villa Castelli, que conmovió al país y al mundo, sigue siendo una herida abierta. Diez personas —entre ellas deportistas franceses de renombre— perdieron la vida, y la causa judicial, que avanzó con lentitud durante años, ahora vuelve a tomar relevancia pública en un contexto electoral.
Sectores de la sociedad civil expresaron su indignación ante lo que consideran una muestra de la desconexión moral entre los políticos y la ciudadanía. “Mientras los riojanos exigen transparencia, algunos candidatos demuestran que la ética sigue siendo una opción, no una obligación”, señaló un referente de una organización local que promueve la integridad pública.
La postulación de Paredes Urquiza como diputado provincial, en medio de un procesamiento penal y un embargo millonario, expone una realidad incómoda: en La Rioja, parecería que los antecedentes judiciales ya no son un obstáculo para seguir buscando poder.
FERNANDO BARRIOS – RIOJALANDIA
