Una investigación publicada por El Federal Online reavivó una serie de denuncias que, según fuentes judiciales consultadas por este medio, revelan un patrón alarmante de irregularidades en el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo del juez Daniel Herrera Piedrabuena. Entre los años 2015 y 2025, causas de alto impacto —como Villa Castelli (helicópteros), ONG, Milani y Apóstolo— exhiben coincidencias llamativas en tiempos procesales, decisiones judiciales y resoluciones que, en su conjunto, conformarían un entramado de connivencia institucional.
La tragedia de Villa Castelli y una instrucción que tardó diez años
La causa por el accidente de los helicópteros en Villa Castelli, ocurrido en marzo de 2015 durante el rodaje del programa francés Dropped, recayó en el juzgado federal por tratarse de aeronaves del Estado provincial utilizadas para una actividad privada. Sin embargo, la investigación se dilató durante una década. Testimonios recogidos por este periodista aseguran que se perdieron peritajes y se contradijeron pruebas, “obviamente a propósito”.
Recién en 2025 se dictó el procesamiento del entonces Secretario Legal y Técnico Alberto Paredes Urquiza, pero simultáneamente se concedió el sobreseimiento al Secretario de Turismo Álvaro del Pino y la falta de mérito para el Director de Aeronáutica y el resto de los involucrados.
La Causa ONG: expedientes que duermen y fondos sin destino
En paralelo, la causa conocida como ONG, también bajo jurisdicción del mismo juzgado, presenta un desarrollo plagado de nulidades, archivos parciales y delegaciones que evaporaron la posibilidad de conocer el destino final de los fondos públicos. “Sacaron bolsones de dinero del Banco Rioja al mejor estilo Milagro Sala”, afirmó una fuente judicial.
Según consta en el expediente, diversas organizaciones no gubernamentales habrían sido utilizadas como vehículos financieros para canalizar recursos nacionales y provinciales, incluso vinculados a pagos de expropiaciones. También se mencionan presuntos aportes hacia funcionarios judiciales, extremo que aún no ha sido esclarecido.
Primer dato relevante: es la única causa de gran magnitud de ese período que no está digitalizada en el sistema del Poder Judicial de la Nación, hecho que genera sospechas adicionales.
El caso Apóstolo y su rol como nexo entre política y justicia
El auxiliar fiscal Martín Román Apóstolo —condenado luego a 5 años de prisión por corrupción y vínculos con el narcotráfico— operaba dentro de la Fiscalía Federal de La Rioja durante los años en que se tramitaban estas causas. Según consta en resoluciones judiciales de su imputación, habría actuado como intermediario entre el poder político y el judicial. Su permanencia prolongada sin sanción dentro del fuero alimenta la tesis de una red de protección funcional.
Milani: procesamiento bajo presión y absolución posterior
En 2016, el juez Herrera Piedrabuena dispuso el procesamiento y la prisión preventiva del ex jefe del Ejército César Milani por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, Milani fue absuelto en juicio oral en 2019 y la Cámara de Casación confirmó la absolución en 2024. Para fuentes consultadas, aquella decisión inicial habría respondido a una necesidad de “equilibrio político”, en un contexto de creciente cuestionamiento público por su actuación en otras causas.
Segundo dato relevante: un estudio jurídico de renombre en Buenos Aires prepara una demanda millonaria contra el Estado de La Rioja por este accionar judicial.
Vínculos familiares dentro del propio fuero
La hija del juez federal, la abogada Daniela Herrera Iturbe, cumple funciones en la Fiscalía Federal de La Rioja —a cargo de la Dra. Virginia Miguel Carmona— y además ocupa representación sindical. En un sistema procesal mixto, donde el juez puede dirigir o delegar la instrucción, esta relación familiar genera un conflicto de intereses objetivo y una apariencia de parcialidad evidente.
Tercer dato relevante: la fiscal Virginia Carmona subroga simultáneamente tres fiscalías federales (Esquel, Córdoba y La Rioja), con sede operativa en la capital riojana.
Un patrón que exige respuestas institucionales
La acumulación de hechos —dilaciones injustificadas, decisiones contradictorias, vínculos personales dentro del fuero, condenas a funcionarios auxiliares y causas no digitalizadas— construye un cuadro de presunta connivencia estructural entre sectores judiciales, políticos y administrativos.
Fuentes allegadas al proceso advierten que no se descarta una presentación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación para evaluar la actuación del magistrado.
El tiempo corre, y para la Justicia Federal de La Rioja también.
