El periodista pasó por los micrófonos y expuso el calvario que vive su hijo frente a la desidia de la obra social provincial. Pese a un amparo con fallo firme del Tribunal Superior de Justicia que exige cobertura total, APOS decidió mirar para otro lado. Multas diarias millonarias, expedientes que desaparecen y la salud de un paciente en juego. «¿A dónde va la plata de los 80.000 afiliados?», sentenció.
La salud no puede esperar, pero para la Administración Provincial de Obra Social (APOS), los tiempos judiciales y las necesidades de sus afiliados parecen ser un tema menor. En una entrevista cruda y directa, el periodista Archi Torres denunció públicamente el abandono institucional que sufre su hijo, quien padece una enfermedad poco frecuente diagnosticada en marzo de 2017.
Tras años de lucha, en agosto de 2024, el Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo unánime a su favor, ordenando a la obra social la cobertura absoluta del tratamiento. Sin embargo, la respuesta del Estado fue la desidia.
De cumplir a medias al abandono total
«Del cumplimiento a medias, pasaron al incumplimiento total», relató Torres, evidenciando cómo la obra social provincial desoye una orden directa del máximo órgano judicial de La Rioja. El amparo es claro: APOS debe entregar la «totalidad» de la medicación e insumos, pero en la práctica, la familia debe costear de su bolsillo guantes descartables, cremas y soluciones de limpieza de altísimo costo.
A modo de ejemplo, Torres detalló que una receta magistral ronda los $200.000 y apenas dura un mes, mientras que un solo frasco de Prontosan (del cual necesitan tres) cuesta $90.000. Costos inasumibles que la obra social ignora sistemáticamente.
Multas diarias de $900.000 y expedientes fantasmas
La gravedad del caso llegó a tal punto que la Justicia ya impuso una sanción económica («astreintes») por rebeldía. APOS y su máxima autoridad enfrentan una multa diaria que ronda entre los $800.000 y $900.000 por cada día de incumplimiento. Aún así, la cobertura no aparece.
A esto se suma el «apagón informático» de la institución. Según Torres, desde el 1 de enero se dio de baja la página web para el seguimiento de expedientes. «Dejás un expediente en mesa de entrada y olvidate, no tenés la menor idea por dónde va», denunció, exponiendo la falta de transparencia de una entidad que le descuenta mensualmente entre $15.000 y $25.000 a un universo de 80.000 afiliados.
