Por Fernando Barrios – Director de Riojalandia
El conflicto en torno al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) dio un salto al terreno judicial. Marcelo Mazzeo, abogado y concejal del Partido de Esteban Echeverría, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el titular del IOMA, Homero Giles, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
La presentación, radicada en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, acusa a ambos funcionarios de administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
Según el texto de la denuncia, el IOMA —que maneja un presupuesto superior a los 188 mil millones de pesos anuales— habría sido “capturado políticamente” y transformado en una “caja de propaganda partidaria”, desviando recursos que deberían destinarse a la atención médica de miles de afiliados bonaerenses.
Los ejes de la denuncia: crisis sanitaria y manejo político
El escrito judicial plantea un cuadro grave: el presunto colapso del sistema prestacional y la “violación sistemática del derecho a la salud”. Mazzeo denuncia que IOMA mantiene deudas millonarias con entidades médicas como FEMEBA, FENECON y FREMEBO, afectando la continuidad de tratamientos oncológicos, la provisión de prótesis y la entrega de medicación crónica.
Además, la querella acusa al organismo de implementar un régimen de afiliación compulsiva, forzando a empleados municipales y provinciales a incorporarse a la obra social sin posibilidad de elección. Este mecanismo, según el denunciante, constituiría una “extorsión institucional” que vulnera la libertad de los trabajadores a elegir su prestador de salud.
Intermediación privada bajo sospecha
Uno de los puntos más explosivos de la denuncia es la presunta creación de una estructura paralela de intermediación privada a través de la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados (ACEAPP).
Mazzeo sostiene que esta entidad —dirigida por Silvina Fontana, también titular de la firma RM Salud S.R.L.— fue utilizada para canalizar fondos del IOMA hacia terceros sin controles, configurando un conflicto de intereses y una posible malversación de fondos públicos.
Silencio y omisión
La denuncia también señala que Homero Giles habría evitado sistemáticamente rendir cuentas ante la Legislatura bonaerense, ignorando citaciones formales de diputados y senadores. Esa conducta, sostiene el escrito, constituye un incumplimiento de deberes públicos.
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof es imputado por “omisión funcional”: no haber supervisado ni intervenido ante las irregularidades denunciadas en un organismo bajo su órbita directa. Según Mazzeo, esa pasividad “configura responsabilidad penal por omisión jerárquica”.
Pedido de medidas urgentes
La denuncia solicita al juez federal la apertura inmediata de una investigación penal, la adopción de medidas cautelares sobre los fondos del IOMA, y el allanamiento de las sedes del organismo, el Ministerio de Salud bonaerense, ACEAPP y RM Salud S.R.L..
Mazzeo también pidió ser aceptado como parte querellante en la causa, que podría abrir una nueva etapa de tensión política y judicial en la provincia de Buenos Aires.
Un caso que sacude a la gestión bonaerense
El escándalo en torno a IOMA pone bajo la lupa la gestión sanitaria de Axel Kicillof y la estructura política que sostiene al organismo. Lo que hasta hace poco era una controversia administrativa, hoy amenaza con convertirse en un nuevo frente judicial de alto voltaje, con impacto directo en la gobernabilidad bonaerense y en la imagen del oficialismo provincial.
