En una decisión que sacude al arco político del norte argentino, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que obliga a todos los funcionarios públicos —incluido su gabinete y los demás poderes del Estado— a someterse a exámenes toxicológicos obligatorios.
La medida, inédita en la región, apunta directamente a reforzar la idoneidad, la responsabilidad y la aptitud moral de quienes ocupan cargos públicos. El mensaje es claro: el Estado no puede darse el lujo de funcionarios fuera de control mientras la sociedad exige respuestas concretas.
“El ejercicio de la función pública no admite dobles estándares”, remarcó el mandatario, dejando una señal interna que incomoda a más de uno. Sáenz fue directo: ocupar un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad frente a la gente.
Con este decreto, el gobernador busca marcar una línea divisoria entre el discurso y los hechos, en un contexto donde la desconfianza ciudadana hacia la dirigencia política crece y la demanda de transparencia ya no admite medias tintas.
La iniciativa abre un debate profundo sobre el control interno del poder, la ética pública y hasta dónde están dispuestos los dirigentes a someterse a las mismas reglas que se le exigen al resto de la sociedad.
