Durante una entrevista en el programa Minería 360 por Riojalandia Stream, el senador nacional de La Libertad Avanza por San Juan, Bruno Antonio Olivera Lucero, analizó cómo la estabilidad económica y el RIGI destrabaron inversiones multimillonarias como los casi USD 6.000 millones del proyecto Vicuña. Además, explicó los controles ambientales de vanguardia sobre el agua, planteó crear cuentas específicas para auditar las regalías y calificó el reclamo limítrofe de Ricardo Quintela como un mero «movimiento político» que terminó perjudicando a los propios trabajadores riojanos de Guandacol
En una primera emisión del ciclo Minería 360 por la pantalla de Riojalandia Stream, el senador nacional por la provincia de San Juan e integrante de La Libertad Avanza, Bruno Antonio Olivera Lucero, trazó una radiografía detallada sobre el despegue minero que vive la provincia vecina a partir del nuevo rumbo macroeconómico nacional y la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En diálogo con los conductores Alejandra Bisutti y Fabrizio Mercado, el legislador contrastó el modelo de desarrollo productivo sanjuanino con la parálisis y las trabas políticas que afectan a La Rioja.
Olivera Lucero remarcó que San Juan es una de las jurisdicciones más beneficiadas por el contexto de estabilidad financiera, previsibilidad y seguridad jurídica impulsado por el Gobierno Nacional. Explicó que si bien proyectos de cobre, oro y plata se exploraban desde hace 20 o 25 años, requerían un marco que garantizara reglas claras frente a competidores globales como Canadá, Australia, Chile o Perú, sumado a adecuaciones normativas clave como la modificación de la Ley de Glaciares.
Entre los puntos principales de su exposición, el senador detalló:
- El RIGI en marcha y proyectos multimillonarios: Destacó que la minería dejó de ser una promesa para convertirse en realidad con el ingreso al RIGI del proyecto Vicuña por casi 6.000 millones de dólares, al que se suman emprendimientos de cobre y oro de gran envergadura como Los Azules, El Pachón y Gualcamayo. Indicó que ya se iniciaron construcciones de caminos, audiencias públicas para el tendido eléctrico y licitaciones de transporte de personal.
- Empleo, salarios altos y derrame económico: Señaló que los grandes proyectos de cobre demandan campamentos de entre 5.000 y 6.000 trabajadores, traccionando una enorme cadena de empleo directo e indirecto en alimentación, agua, insumos, alojamiento y logística. Subrayó que el trabajador minero percibe sueldos muy superiores al promedio de otros sectores —como comercio, docencia o policía— y vuelca esos ingresos en el consumo, la indumentaria y la gastronomía local. Asimismo, desde una visión liberal y federal, cuestionó las leyes de «compre local» cerradas (que fijan un 20% obligatorio), advirtiendo que si cada provincia impone barreras internas termina perjudicando a sus propios proveedores cuando quieren vender en Salta, Jujuy, Catamarca o Neuquén.
- Regalías, obras viales y transparencia fiscal: Explicó que San Juan percibe el 3% de facturación de boca de mina (del cual el 33% —equivalente a un 1% total— va directamente al municipio donde se asienta el yacimiento, como Iglesia) más un 1,5% destinado a un fideicomiso para infraestructura. Reveló además que el proyecto Vicuña acordó un adelanto de regalías de alrededor de 250 millones de dólares para financiar la Ruta 40 Norte, la Ruta 40 Sur hacia Mendoza y la autopista en la Ruta 20. No obstante, marcó como cuenta pendiente que las regalías no vayan a la «cuenta general» provincial, proponiendo crear una partida específica y una aplicación u observatorio público para saber «al centavo» cuánto dinero ingresa y en qué obra se gasta.
- Control ambiental del agua con tecnología de punta: Subrayó que en provincias áridas el agua es el recurso más preciado y explicó que San Juan construyó licencia social mediante controles permanentes de las cuencas hídricas en conjunto con la Universidad Nacional. A esto se suma hoy un centro de monitoreo con cámaras 24/7 alimentadas por paneles solares, conectividad satelital vía Starlink y drones autónomos que permiten fiscalizar los proyectos en la cordillera en tiempo real.
- El falso conflicto con La Rioja y el perjuicio a Guandacol: Consultado sobre la disputa planteada por el Gobierno riojano en torno al proyecto Vicuña, Olivera Lucero fue contundente al afirmar que los límites interprovinciales están definidos por ley del Congreso desde hace más de 50 años «Lo entendimos como un movimiento político del gobierno de Quintela para tener alguna repercusión nacional que no caminó hacia ningún lado», sentenció. Recordó que, por esa decisión política, un juez provincial riojano cortó el camino que utilizaban los camiones hacia Vicuña, provocando la queja del propio intendente y dejando sin sustento a los comerciantes, hoteleros y gastronómicos de la zona de Guandacol donde frenaban los transportistas.
Ambas provincias comparten más del 80% de superficie montañosa recostada sobre la misma cordillera de los Andes, con idéntico potencial geológico que Chile y San Juan. Sin embargo, mientras San Juan consolidó hace dos décadas una política de Estado a partir del hito de Veladero y hoy capitaliza las herramientas nacionales como el RIGI para liderar la transición hacia el cobre, La Rioja permanece marginada de las grandes inversiones internacionales, atada a la dependencia fiscal del empleo público y a maniobras judiciales e impositivas que ahuyentan al capital privado.
Las definiciones del senador Olivera Lucero desnudan por qué el modelo feudal riojano le teme al desarrollo privado a gran escala. Como bien sintetizó el legislador sanjuanino, cuando ingresa la actividad minera sustentable y los ciudadanos acceden a salarios altos en el sector privado, «la gente deja de depender del funcionario de turno», rompe la atadura del contrato municipal o estatal precarizado y recupera la libertad de votar sin miedo a perder su sustento. El episodio del camino hacia Vicuña es la síntesis perfecta de la gestión de Ricardo Quintela: un intento de show mediático sobre límites zanjados hace medio siglo que, lejos de defender a la provincia, terminó bloqueando el trabajo y vaciando los comercios y hoteles de los propios vecinos del oeste riojano.
Finalmente, el legislador instó a los riojanos a animarse a construir un consenso social y un acuerdo multipartidario que garantice estabilidad sin «poner palos en la rueda», destacando que las regalías mineras son perfectamente compatibles con el agro y la olivicultura al permitir financiar obras de riego por goteo e impermeabilización de canales para potenciar toda la economía provincial.
