El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al dictamen del fiscal Eduardo Taiano y cerró el expediente sin siquiera llamar a indagatoria a los funcionarios nacionales. El fallo confirmó que desde la Secretaría General de la Presidencia se informó oficialmente que no existió ningún acuerdo ni acto administrativo vinculado al activo digital, descartando de plano las acusaciones de estafa, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles.
En un fallo contundente que desarticula meses de especulaciones mediáticas y embates opositores, la Justicia Federal dictó este viernes el sobreseimiento definitivo del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la causa iniciada por la difusión del token digital $LIBRA. La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, Marcelo Martínez de Giorgi, por considerar que los hechos investigados «no encuadran en una figura legal» ni constituyen delito penal alguno.
La resolución judicial, de 60 carillas, se dictó en sintonía con el requerimiento previo del fiscal federal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento tras agotarse las medidas de prueba sin hallar elementos incriminatorios. De hecho, el magistrado resolvió desvincular al jefe de Estado y a su hermana sin siquiera haberlos convocado a declaración indagatoria, alcanzando con la misma medida al resto de los involucrados en el expediente (entre ellos Mauricio Novelli, Hayden Mark Davis, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales).
Uno de los pilares clave para arribar a esta conclusión fue la respuesta formal remitida desde el Gobierno Nacional ante el requerimiento de la fiscalía. Luego de los peritajes técnicos realizados en la causa, el fiscal Taiano había consultado a la Casa Rosada si obraba documentación relativa a un supuesto acuerdo confidencial sobre soluciones tecnológicas y blockchain entre el mandatario y Hayden Mark Davis. A través de un oficio firmado por el subsecretario legal, Juan Manuel Galli, la Secretaría General de la Presidencia fue categórica: «Realizadas las consultas pertinentes en el ámbito de competencia de esta Secretaría General de la Presidencia de la Nación, no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial».
En sus fundamentos, el juez Martínez de Giorgi remarcó:
- Ausencia de fraude o abuso de autoridad: El magistrado descartó la existencia de estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública, subrayando que la investidura institucional del Presidente no se tradujo en ningún ardid defraudatorio ni existieron actos administrativos del Estado vinculados al lanzamiento de la criptomoneda.
- Descarte de acusaciones contra Karina Milei: El juzgado determinó que no se acreditó bajo ningún punto de vista que la secretaria general de la Presidencia hubiera solicitado o recibido dinero para gestionar audiencias entre el primer mandatario y empresarios del sector, ni se hallaron vínculos delictivos tras auditar movimientos bancarios y billeteras virtuales.
- Falta de mérito en las pruebas: El fallo señaló que los borradores y notas hallados en dispositivos de terceros carecían de firmas o constancias de envío, y cuestionó además irregularidades en la cadena de custodia de informes periciales de la DATIP por ingresos indebidos. Con el apartamiento previo de los supuestos querellantes dispuesto por la Cámara Federal y sin acusación fiscal, el expediente quedó cerrado.
La causa $LIBRA fue utilizada desde su inicio por distintos sectores de la oposición kirchnerista y de la vieja política como caballito de batalla para intentar instalar sospechas de corrupción, impulsar pedidos de juicio político y desgastar la figura presidencial en el Congreso de la Nación, buscando equiparar un comentario en redes sociales sobre un proyecto privado con el manejo fraudulento de fondos públicos.
El cierre definitivo de la causa por inexistencia de delito deja al descubierto la magnitud de una operación política montada sobre un hecho inexistente con el único propósito de dañar la credibilidad del Gobierno Nacional. Mientras el presidente Javier Milei y su equipo concentran sus esfuerzos en estabilizar la macroeconomía, desregular mercados y devolverle la libertad a los argentinos, la oposición apeló nuevamente al «circo» judicial y mediático para intentar tapar su propio historial. La ironía política no podría ser mayor: el mismo día en que la Justicia Federal sobresee a Javier y Karina Milei tras comprobarse que no hubo un solo acto administrativo ni peso del Estado involucrado, el kirchnerismo debe sentarse en el banquillo de los acusados por causas reales de corrupción estructural y saqueo al erario público, un esquema de impunidad y manejo opaco de fondos estatales que también caracteriza desde hace décadas a los modelos feudales en provincias como La Rioja.
Con la verdad jurídica restablecida en los tribunales de Comodoro Py y sin querellantes habilitados para dilatar el proceso, el fallo de Martínez de Giorgi archiva una de las maniobras de desgaste más ruidosas de los últimos meses y ratifica la transparencia institucional de la actual administración nacional.
