La nueva normativa deja atrás un esquema considerado laxo y fragmentado, y establece un modelo más centralizado, con autoridad administrativa reforzada, sanciones más duras y un fuerte blindaje bromatológico sobre los alimentos que ingresan a la ciudad.

Desde el municipio sostienen que el fortalecimiento del poder de compra de los centros de abastecimiento permitirá reducir distorsiones de precios en frutas, verduras, carnes y lácteos, productos sensibles para la economía familiar.

Puestos con fecha de vencimiento

Uno de los puntos más estrictos del reglamento es el régimen de permanencia. Los comerciantes quedan encuadrados en tres categorías —locatarios permanentes, temporales y parceleros— y deberán cumplir con una exigencia clave: no interrumpir la actividad por más de 20 días consecutivos sin autorización. El incumplimiento implicará la pérdida directa del permiso.

Además, se prohíbe de manera tajante el uso de veredas y calles internas para acopio de mercadería. La consigna es clara: orden o sanción, con multas y decomisos como respuesta inmediata.

La exhibición visible de precios y la documentación obligatoria de cada operación comercial buscan reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia dentro del predio.

Alimentos bajo la lupa, desde la ruta

El corazón de la reforma es el control sanitario. La ordenanza crea una Dirección General de Inspectoría con competencia tanto dentro del mercado como en los accesos a la ciudad.

A través de inspectores de ruta, el municipio controlará camiones y vehículos de transporte antes de que los alimentos entren en circulación. Dentro del predio, la autoridad podrá clausurar puestos, decomisar productos fuera de norma e incluso ordenar la demolición de obras no autorizadas.

El mensaje es directo: ningún alimento entra sin control.

Changarines regulados y rol acotado

La actividad de los changarines también queda regulada. Deberán estar registrados, contar con carnet sanitario y credencial identificatoria. Su función se limitará exclusivamente al traslado de mercadería, quedando expresamente prohibida cualquier participación en la venta o atención al público.

El mercado contará, además, con un equipo técnico profesional integrado por especialistas en alimentos, bromatología y veterinaria.

La reforma del Mercado de Abasto marca un giro en la política municipal: más control estatal, menos informalidad y una apuesta fuerte a disciplinar el circuito alimentario. El impacto real en los precios, como siempre, será la prueba final.

Fernando Barrios
Director de Riojalandia