El departamento Ángel Vicente Peñaloza volvió a quedar bajo la lupa, esta vez no por peleas políticas internas sino por una demanda formal del Gobierno nacional. El Ministerio del Interior llevó a la comuna a los tribunales por un presunto incumplimiento de un convenio firmado tiempo atrás, y la Justicia Federal ya activó el proceso.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la jueza María Alejandra Biotti, notificó a la intendencia sobre el expediente CAF 23452/2025, caratulado como «M Interior c/ Municipalidad Departamento Gral. Ángel Vicente Peñaloza s/ Proceso de Conocimiento». La acusación es directa: Nación afirma que el municipio recibió fondos para un programa específico… y no cumplió con lo pactado.
Una defensa con reloj en contra
A diferencia de otros casos, el municipio no podrá alegar desconocimiento de la causa: la jueza otorgó un plazo extraordinario de 66 días corridos para que la administración local acceda al expediente digital y presente su defensa. El tiempo ampliado se debe a la distancia entre Buenos Aires y los Llanos riojanos, pero el mensaje es claro: deben responder, y deben hacerlo de manera formal y completa.
No habrá copias en papel ni carátulas impresas. La intendencia deberá entrar al sistema digital del Poder Judicial, revisar toda la prueba presentada por el Ministerio del Interior y contestar exclusivamente de manera electrónica.
Exigencias estrictas: un PDF mal armado puede costar caro
La Justicia fue puntual: el escrito de defensa debe subirse en un solo archivo PDF, y la documentación probatoria —ordenada, rotulada y legible— también debe integrarse digitalmente.
Un detalle clave: si el municipio no cumple con estas formas, la presentación puede ser dada por no realizada. Así lo establece la Acordada 31/20 de la Corte Suprema.
En otras palabras: si la comuna se equivoca en cómo subir los archivos, corre el riesgo de quedar en silencio procesal… y de perder por abandono.
Un caso que suma presión política
El oficio, firmado electrónicamente el 19 de noviembre de 2025, autoriza a Ariel Alberto Landi y otros funcionarios a realizar las diligencias necesarias. El tribunal ya se declaró competente y avanza sobre la responsabilidad del municipio en la administración de fondos nacionales.
Para Peñaloza, donde la gestión municipal suele verse envuelta en reclamos por falta de obras, deterioro de servicios y poca transparencia, esta causa cae como un baldazo de realidad: ahora no se trata de quejas de vecinos, sino de un litigio formal con el Gobierno nacional que exige explicaciones precisas sobre el uso del dinero.
