Tras un año de parálisis legislativa, la medida busca garantizar la idoneidad y transparencia en los tres poderes del Estado.
El fin de la «resistencia» política
Del Carril comenzó recordando que el proyecto, originalmente presentado por el concejal Nicolás Brizuela (bloque Radical) en marzo del año pasado, enfrentó constantes trabas en el Concejo Deliberante. Con tono crítico, la diputada describió las tácticas dilatorias que sufrió la iniciativa:
«Esto es algo que pasa habitualmente: cuando un tema no les gusta, se demora, nunca es momento de tratarlo. Pasaban las reuniones de comisión y siempre faltaba algún dato o querían consultar con alguien más».
¿En qué consiste el examen?
La normativa no deja lugar a grises. Según detalló Del Carril, el control será aleatorio y trimestral, alcanzando incluso a las más altas esferas del poder local:
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Periodicidad: Cada 90 días de manera aleatoria.
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Alcance: Funcionarios de hasta el tercer nivel de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial (incluyendo el Tribunal de Faltas).
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Implementación: Las oficinas de Recursos Humanos de cada poder serán las encargadas de establecer el mecanismo de sorteo para los testeos.
Costo cero para el Estado: «Lo paga el funcionario»
Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la aclaración sobre el financiamiento de las pruebas. Ante la consulta sobre el costo de los reactivos (estimado en 50.000 pesos según el laboratorio), la diputada fue tajante:
«Establecimos en esa ordenanza que lo paga cada funcionario. Fue una condición para aprobarlo».
Adicciones: De la política a la salud pública
Finalmente, Del Carril abordó la consecuencia de un eventual resultado positivo. Lejos de un enfoque meramente punitivo, la ordenanza propone un abordaje sanitario, aunque apartando al funcionario de su cargo temporalmente para garantizar la integridad de la función pública.
«En caso de dar positivo, el funcionario tiene la obligación de tomar licencia por enfermedad. Cualquier persona que tenga este problema de adicciones debe tratarlo como una enfermedad, como debe ser».
Con esta medida, Chilecito se suma a la tendencia de exigencia de «ficha limpia» y transparencia física y mental para quienes administran los recursos del pueblo, marcando un precedente en la provincia de La Rioja.
