Un siniestro vial protagonizado por el jefe comunal de Castro Barros desató una doble crisis: cuestionamientos por el uso de recursos públicos y una denuncia por hostigamiento contra una periodista.
UN ACCIDENTE QUE DESTAPÓ ALGO MÁS
Lo que empezó como un siniestro vial terminó convirtiéndose en un problema político incómodo. El intendente de Castro Barros, Miguel De La Vega, chocó el domingo por la noche contra un caballo suelto sobre la Ruta Nacional 75, en el ingreso a Aimogasta.
El hecho ocurrió cerca de las 22:50, en pleno feriado, mientras conducía una camioneta Toyota Hilux. Según el parte policial, sufrió lesiones leves y el test de alcoholemia dio negativo.
Pero el foco ya no está en el accidente.
La pregunta que empezó a circular —y que nadie responde— es otra:
¿qué hacía un intendente manejando un vehículo oficial a esa hora y en ese contexto?
LA DENUNCIA QUE PRENDIÓ FUEGO LA ESCENA
La polémica escaló cuando la periodista Rosana Yolanda Alaniz, del medio La Voz Costeña, denunció haber sido víctima de hostigamiento y violencia de género.
Según su presentación, un trabajador del área de prensa municipal la habría insultado en redes sociales tras la publicación de información vinculada al choque.
El objetivo, según la denuncia, fue claro: desacreditar su trabajo y frenar la difusión del hecho.
Un clásico reflejo del poder cuando se siente incómodo: atacar al mensajero en lugar de responder por los hechos.
EL VERDADERO PROBLEMA: EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS
Mientras el oficialismo local guarda silencio, en redes sociales la discusión tomó un rumbo inevitable: el uso de bienes del Estado.
Vecinos y usuarios empezaron a hacer las preguntas que la gestión evita:
- ¿Era un viaje oficial o personal?
- ¿Por qué se utilizó una camioneta del Estado fuera de horario administrativo?
- ¿Quién controla estos movimientos?
Hasta ahora, no hay una versión oficial clara que ordene el relato.
Y en política, cuando no hay explicaciones, lo que crece es la sospecha.
SILENCIO QUE HACE RUIDO
El caso ya tiene dos frentes abiertos: uno judicial, por la denuncia de la periodista; y otro político, por la falta de transparencia.
En comunicación con el programa “Dos Tipos Audaces” por FM 97.3, comenzaron a multiplicarse los pedidos para que el intendente dé explicaciones públicas.
Pero hasta ahora, el silencio es total.
Y ese silencio no calma: agrava.
CUANDO LO PÚBLICO SE USA COMO SI FUERA PROPIO
El problema no es solo un choque. Es lo que representa.
Cada vez que un funcionario usa un recurso del Estado sin rendir cuentas, rompe un contrato básico con la sociedad: el de administrar lo público con responsabilidad.
No alcanza con decir que “no pasó nada grave” o que “el test dio negativo”. Eso es lo mínimo.
La verdadera discusión es otra: la transparencia.
Porque cuando un intendente no puede explicar algo tan simple como por qué estaba usando un vehículo oficial un domingo a la noche, el problema ya no es el accidente.
Es la confianza.
Y cuando la confianza se rompe, lo que viene después siempre es peor.
FERNANDO BARRIOS – RIOJALANDIA
