La postal es brutal: hospitales funcionando a pulmón, trabajadores exhaustos y salarios que se evaporan mes a mes. Mientras tanto, la gestión del gobernador Ricardo Quintela suma cargos, pero no respuestas.
El conflicto en el sistema sanitario riojano escaló un nuevo nivel. El gremio SER Salud, encabezado por Roberto Carrizo, salió a marcar la cancha con un reclamo urgente: recomposición salarial ya. No en cuotas, no en promesas, no en relatos. Plata en el bolsillo. Porque la realidad es clara: el poder adquisitivo del personal estatal se desplomó un 50%. Sí, la mitad.
Mientras el discurso oficial habla de restricciones presupuestarias, los números muestran otra cosa. En el sector privado, la caída del poder de compra ronda el 15%. En el Estado riojano, directamente se pulverizó. Y como si fuera poco, La Rioja quedó última en el ranking salarial del norte argentino. Última. Sin matices.
Hoy, un trabajador de salud en la provincia cobra entre 600 mil y 700 mil pesos. Con eso debe enfrentar alquiler, alimentos, transporte y una inflación que no da tregua. Todo esto afecta a más de 5.000 empleados de planta y cerca de 1.000 precarizados. Gente que sostiene el sistema todos los días, pero que parece invisible para quienes toman decisiones.
El dato más picante —y más incómodo— es otro: desde el gremio denuncian una “superestructura” dentro del Ministerio de Salud. Traducido: más funcionarios, más cargos jerárquicos, más gasto político… y menos soluciones para los que están en la trinchera. “Acá se contiene a los funcionarios”, disparó Carrizo sin filtro. Y la frase no pasó desapercibida.
Pero el problema no es solo salarial. Es estructural. La Rioja arrastra una deuda histórica con su sistema sanitario. No hay ley de paritarias propia. No hay carrera sanitaria que ordene el crecimiento profesional. Y, para rematar, los trabajadores siguen regidos por la ley 3870, una norma arcaica que parece sacada de otro siglo.
El resultado es un combo explosivo: precarización, desmotivación y un sistema que se sostiene más por vocación que por política pública.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud ni siquiera puso fecha para recibir al gremio. Silencio administrativo en medio de una crisis que grita.
La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo se puede sostener un sistema de salud con trabajadores empobrecidos y funcionarios bien acomodados?
Porque cuando la política se vuelve una estructura para protegerse a sí misma, el costo siempre lo paga la gente.
Y en este caso, lo paga con salud.
