En una sesión cargada de tensión política y alto impacto simbólico, el Senado de la Nación aprobó la reforma del Régimen Penal Juvenil y estableció la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación fue clara: 44 votos afirmativos contra 27 negativos.
Para La Libertad Avanza, fue una victoria estratégica en el período de sesiones extraordinarias y el cumplimiento de una de las promesas más sensibles de campaña en materia de seguridad.
La norma ahora deberá ser promulgada y reglamentada por el Poder Ejecutivo antes de su entrada en vigencia.
El momento más fuerte: el minuto de silencio
Uno de los pasajes más emotivos de la jornada lo protagonizó la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien pidió un minuto de silencio por las víctimas de delitos cometidos por menores.
El recinto se puso de pie y durante 60 segundos reinó un silencio absoluto. En los palcos, familiares de víctimas acompañaron visiblemente conmovidos.
La escena marcó el tono político del debate: seguridad, víctimas y responsabilidad penal.
Qué cambia con la nueva ley
La reforma introduce modificaciones profundas en el régimen penal juvenil:
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Imputabilidad desde los 14 años para delitos graves.
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Aplicación solo en casos con penas superiores a 3 años (homicidios, violaciones, robos agravados, entre otros).
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Régimen diferenciado con énfasis en reinserción social.
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Prohibición de prisión perpetua para menores.
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No podrán ser alojados en cárceles comunes.
El texto incluye ajustes negociados durante el tratamiento en Diputados para garantizar consensos mínimos.
El mapa político del voto
El oficialismo logró consolidar una mayoría sólida. Unión por la Patria votó mayoritariamente en contra, aunque con algunas disidencias. El radicalismo se dividió entre acompañamientos, rechazos y abstenciones.
Los 27 votos negativos no alcanzaron para frenar una ley que el Ejecutivo había priorizado en extraordinarias.
El debate de fondo
Desde el oficialismo sostienen que la medida responde a una demanda social concreta frente a delitos graves cometidos por menores. Argumentan que el sistema anterior dejaba un vacío legal en casos extremos.
La oposición y organismos de derechos humanos advierten que la reforma puede implicar un giro punitivo sin atacar las causas estructurales del problema: pobreza, exclusión y falta de oportunidades.
Lo que viene
Ahora la ley pasa al Ejecutivo para su promulgación y reglamentación. La implementación exigirá adecuaciones judiciales y la creación de dispositivos específicos para adolescentes en conflicto con la ley.
El Gobierno celebra haber convertido en ley uno de los pilares de su agenda de seguridad. La discusión, sin embargo, recién empieza: el verdadero impacto se medirá en la calle y en los tribunales.
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Fernando Barrios
Director de Riojalandia
