La Justicia Federal de La Rioja ordenó recientemente embargar cuentas y activos de Rioja Vial S.A.U., en el marco de una ejecución fiscal impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) provincial. El juzgado, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, intimó a la empresa a pagar una deuda tributaria millonaria en un plazo perentorio de cinco días, advirtiendo que de incumplir se trabará “un embargo general de fondos, bienes y activos financieros” de la compañía. La providencia incluye un recargo adicional del 15% sobre el capital adeudado (según el artículo 531 del CPCCN), destinado a cubrir intereses y costas del juicio. Asimismo se autorizó transferir los montos embargados a una cuenta judicial en el Banco de la Nación (Sucursal La Rioja) a disposición del juzgado, con la salvedad de que ARCA puede levantar las medidas si la firma regulariza la deuda sin necesidad de nueva orden judicial.
Reclamaciones fiscales previas
La demanda actual es la culminación de una serie de reclamos por incumplimiento tributario contra Rioja Vial en los últimos meses. Entre ellos destacan:
- 17/12/2024: El ARCA reclamó a Rioja Vial $44.482.700,87 (capital adeudado) más un 15% de interés y costas. El juez Herrera Piedrabuena intimó a la empresa a pagar en 5 días y advirtió embargos sobre todos sus fondos y valores en caso de impago.
- 07/04/2025: Se intimó el pago de $56.192.056,04, monto que incluye capital, intereses estimados (15%) y costas, por incumplimientos en impuestos provinciales. También se fijó plazo de 5 días para responder o aportar excepciones bajo pena de embargos.
- 03/06/2025: La Justicia ordenó intimar a Rioja Vial a saldar $91.508.026,63 de capital reclamado, más un 15% adicional en concepto de intereses y costas del juicio. Si no lo hace, se trabarán embargos generales sobre sus cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo y demás activos financieros.
Estos montos crecientes dejan en evidencia la magnitud de la deuda acumulada y la severidad de las acciones judiciales. En todos los casos la empresa ha tenido solo cinco días hábiles (ampliables uno más por distancia) para pagar o presentar excepciones legales, bajo apercibimiento de embargo inmediato.
Alcance económico y legal de los embargos
La medida de embargo alcanza saldos bancarios, inversiones a plazo fijo, títulos valores y otros instrumentos financieros de Rioja Vial. Excluye, por ahora, cajas de seguridad personales, pero el resto de activos quedará retenido hasta que se liquide la deuda o la empresa demuestre la inexistencia de bienes embargables. Los montos retenidos serán depositados en la cuenta judicial del Banco Nación, garantizando así el cobro al fisco provincial.
Legalmente, este procedimiento se sustenta en la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Procesal Civil y Comercial (art. 531 CPCCN) que habilitan la ejecución inmediata de créditos tributarios con recargo del 15% por mora. Además, el Poder Judicial delegó oficios al Banco Central y a oficiales de justicia para rastrear y bloquear cuentas bancarias de la firma, acelerando la ejecución. El propio fallo resalta que este proceso “pone en foco la situación financiera de las empresas estatales riojanas” y el aumento del control tributario sobre ellas.
Desde el punto de vista económico, la incertidumbre por los embargos podría paralizar obras y contratos a cargo de Rioja Vial. La firma, dedicada a obras viales provinciales, deberá priorizar pagar al fisco antes de reinvertir en proyectos de infraestructura. Analistas locales advierten que cargarle esta deuda a la empresa estatal equivale a desviar fondos públicos (destinados a obra pública) hacia el pago de tributos, afectando la economía regional.
Vínculos políticos y repercusiones
Rioja Vial es una sociedad anónima unipersonal del Estado provincial. En 2020 la totalidad de sus acciones quedó en manos del gobierno de La Rioja tras la salida de inversores privados, lo que implica que la gestión política local (gobernador y su gabinete) ejerce control directo sobre la empresa y su directorio. En ese contexto, la controversia fiscal adquiere matices políticos: mientras el gobernador Ricardo Quintela (PJ) promueve proyectos de infraestructura con Rioja Vial, ahora debe afrontar que su propia recaudación fiscal reclama enormes sumas.
Sectores de la oposición y ciudadanos consultados han cuestionado esta aparente contradicción. Critican la falta de fiscalización previa de la empresa estatal y piden transparencia sobre sus contratos y pagos: “¿Cómo es posible que una compañía pública incurra en millonarios atrasos tributarios sin que el gobierno lo advirtiera?”, preguntan legisladores opositores. Hasta el momento no se han identificado públicamente responsables concretos ni conexiones ilegales con el poder municipal, pero el debate político exige explicaciones sobre el manejo administrativo de Rioja Vial. Como señala la Justicia, estos embargos evidencian un nuevo énfasis en supervisar las sociedades estatales, un punto que coincide con reclamos recientes de auditar todos los gastos provinciales.
El embargo ordenado por la Justicia Federal a Rioja Vial subraya la magnitud del pasivo tributario de esta empresa estatal y marca un antes y después en la presión fiscal sobre obras públicas locales. Además de imponer el pago inmediato de más de cincuenta millones de pesos (capital más recargos), la medida allana el camino para que la provincia recupere fondos adeudados, usando recursos que estaban destinados a financiar proyectos viales. A la vez, el hecho de embargar una empresa oficial pone en relieve la necesidad de reforzar la gestión interna y rendir cuentas ante la sociedad. La tensión entre las exigencias fiscales y los intereses políticos locales promete prolongarse en las próximas semanas, mientras Rioja Vial decide si regulariza su situación o enfrenta la consecuencia de una intervención judicial.
Fernando Barrios para RIOJALANDIA
Fuentes: Informes del Juzgado Federal de La Rioja sobre ejecución fiscal contra Rioja Vial (expedientes 18095/2024, 6743/2025 y 15098/2025). Datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y publicaciones periodísticas locales.
