Un nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de las instituciones en La Rioja y alimenta una pregunta que cada vez más ciudadanos se hacen: ¿la ley es igual para todos?
Durante la mañana del domingo, un funcionario vinculado a la Secretaría de Justicia provincial fue demorado luego de protagonizar una peligrosa persecución policial. Según el parte oficial, Gastón Gustavo Porras, ligado al Ministerio de Justicia que conduce Karina Becerra y con vínculos en la Secretaría de Agricultura, fue encontrado dormido al volante de una camioneta que bloqueaba el tránsito.
Cuando los efectivos intentaron identificarlo, el conductor aceleró y escapó a gran velocidad, llegando incluso a chocar un móvil policial durante la fuga.
El resultado del test de alcoholemia fue contundente: 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre, casi tres veces el máximo permitido.
Hasta ahí, cualquier ciudadano podría imaginar una imputación severa. Sin embargo, tras la consulta con la fiscal de turno, el hecho fue encuadrado únicamente como una contravención, descartándose la existencia de un delito penal.
Y es ahí donde nace el debate.
Porque si un funcionario público, ligado nada menos que al área de Justicia, puede conducir en evidente estado de ebriedad, escapar de un control policial, colisionar un vehículo oficial y terminar retirándose a su casa luego de las actuaciones administrativas, muchos riojanos inevitablemente se preguntan qué hubiera ocurrido si el protagonista hubiese sido un vecino común.
El caso vuelve a exponer una vieja crítica que atraviesa a la política provincial: la sensación de que existe una casta de funcionarios y allegados al poder que parecen moverse bajo reglas distintas.
Mientras desde los discursos oficiales se habla de igualdad, transparencia y respeto por las instituciones, los hechos terminan alimentando la percepción de que en La Rioja todavía hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Porque cuando quien debe dar el ejemplo termina involucrado en un episodio de estas características, el daño no es solamente contra un móvil policial: también golpea la credibilidad de las instituciones.
¿Vos creés que cualquier ciudadano hubiera recibido el mismo tratamiento o en La Rioja todavía existen privilegios para los amigos del poder? Te leemos.
