LA RIOJA.- Entre el 1 y el 22 de agosto, la provincia de La Rioja recibió $64.057 millones en concepto de coparticipación federal de impuestos. El monto representa un aumento interanual del 30,5% y un 7% más en comparación con el mismo período de 2023, según datos oficiales.
La coparticipación federal es el motor principal de la economía riojana, ya que la provincia depende casi de manera exclusiva de los fondos nacionales para sostener su funcionamiento. En este marco, los envíos desde Nación se han mantenido estables, a pesar de las dificultades macroeconómicas, lo que constituye una señal de previsibilidad y equilibrio financiero.
Nación cumple, pero crecen las dudas sobre el manejo provincial
Mientras los recursos enviados por Nación llegan con regularidad, en la provincia se multiplican las voces críticas respecto al uso y la transparencia de esos fondos. Las transferencias superan los 64 mil millones de pesos en lo que va del mes, pero los riojanos todavía enfrentan servicios públicos deficientes, obras inconclusas y un sistema de salud con carencias estructurales.
La pregunta que se instala es inevitable: ¿en qué se está destinando el dinero?. Los gremios estatales señalan que los salarios continúan rezagados frente a la inflación, los vecinos reclaman por infraestructura básica en los barrios y los comerciantes advierten que no hay políticas claras de reactivación económica local.
Dependencia y falta de planificación
Expertos en economía regional remarcan que La Rioja continúa atada a los fondos de coparticipación, sin avanzar en una estrategia seria de generación de recursos propios. “La dependencia es total: más del 90% de los ingresos provienen de Nación. El problema no es la coparticipación, que se mantiene firme, sino la ausencia de planificación provincial para diversificar la economía”, indicaron.
Con este panorama, queda en evidencia una contradicción: los recursos llegan, pero los resultados en la calidad de vida de los riojanos no se ven reflejados en la misma proporción. Nación cumple con los envíos, pero la administración provincial tiene la responsabilidad de garantizar que esos fondos se traduzcan en obras, servicios y bienestar para la comunidad.
