La intendencia quintelista suma un nuevo capítulo de polémica con los choferes de apps de transporte. Burocracia, trabas, costos abusivos y un “curso obligatorio” de seguridad vial que enciende el malestar de quienes solo buscan trabajar.
Por Redacción Riojalandia
La Municipalidad de Capital, conducida por el oficialismo quintelista, vuelve a quedar en el centro de las críticas por sus políticas hacia los trabajadores de plataformas como Uber. Esta vez, la denuncia se relaciona con una supuesta exigencia impuesta a los choferes: un curso de Seguridad Vial obligatorio cuyo costo asciende a $400.000, condición para acceder al carnet profesional D1, sin el cual no pueden operar legalmente.
Carina Luján, conductora de Uber, denunció que ella y otros colegas enfrentan una carrera de obstáculos burocráticos y económicos simplemente para poder trabajar. “Nos piden trámites carísimos que después no reconocen. Parece que el objetivo es que abandonemos, o que pasemos por caja”, expresó, molesta.
El costo de querer trabajar
Luján detalló que para completar los requisitos exigidos por el municipio, los conductores deben afrontar gastos que superan los $300.000, incluyendo análisis médicos en clínicas privadas, certificados de antecedentes penales profesionales y la ya mencionada capacitación vial.
“El electrocardiograma me salió $40.000, en Medifan me cobraron $110.000. Todo lo hicimos por la vía formal. Sin cortar calles, sin hacer escándalo. Pero ahora nos exigen este curso de 400 mil pesos que no estaba en ningún lado”, relató indignada.
Lo más preocupante: los montos ya abonados no son reconocidos por los organismos públicos, por lo que muchos conductores se ven obligados a empezar de cero. “Te dicen que lo que pagaste no vale. Como si estuviéramos en dos provincias distintas: una de la Municipalidad, otra de la Provincia. ¿Y la gente en el medio?”.
«Nos sentimos perseguidos»
El testimonio de Luján es el reflejo de una problemática que afecta a cientos de trabajadores independientes que vieron en Uber una alternativa ante la falta de empleo formal. “Uber nos abrió la puerta para ganarnos la vida honestamente. Pero desde la Municipalidad nos hacen sentir como delincuentes. Nos persiguen con multas, controles y exigencias que no existen en otras provincias”, agregó.
También criticó la falta de empatía institucional: “En el Concejo Deliberante nos dicen que ‘esas son las reglas del juego’ y que demos por perdido el dinero ya invertido. ¿Cómo le decís eso a una madre que apenas llega a fin de mes? No estamos jugando, estamos tratando de sobrevivir”.
¿Recaudación encubierta?
Desde el sector denuncian que estas exigencias son, en realidad, una nueva vía de recaudación disfrazada de regulación, sin criterios claros ni articulación entre organismos. Las quejas apuntan no solo al municipio capitalino, sino también a la falta de coordinación con la Secretaría de Seguridad Vial y con los CePaR, donde los conductores reciben información contradictoria.
“Es una emboscada burocrática. Nadie se hace cargo, pero todos te cobran algo. Te marean, te pasan de oficina en oficina, y cuando te cansás, te multan”, sintetizó otro chofer consultado por Riojalandia.
¿Gobierno para quién?
La situación expone el doble estándar del gobierno municipal: por un lado, se jacta de generar oportunidades y de apoyar la modernización del transporte; por el otro, impone condiciones casi imposibles de cumplir para quienes no están vinculados con el circuito tradicional del poder o el gremialismo afín.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue eligiendo Uber, lo que demuestra una desconexión profunda entre la demanda social y las decisiones del poder político local. En vez de facilitar, se castiga. En lugar de integrar, se excluye. La pregunta que queda en el aire es clara:
¿para quién gobierna realmente la municipalidad de Capital?
En tiempos de crisis, lo mínimo que se espera es un Estado que ayude, no uno que bloquee a quienes simplemente quieren trabajar.
Redacción: Riojalandia
Fernando Barrios – Director
