Riojalandia – Sanagasta, La Rioja
En pleno corazón de los Valles Riojanos, donde la tierra alguna vez floreció con nueces, uvas y duraznos, hoy se vive una angustiante sequía inducida. No por la falta de lluvias —fenómeno que los sanagasteños conocen y enfrentan históricamente— sino por la mano negligente y cómplice del Estado, que ha permitido el avance de un puñado de intereses privados sobre un recurso vital: el agua del río Huaco.
En enero de este año, la Comisión del Consorcio de Usuarios de Agua del Distrito Sanagasta (Gestión anterior a la actual- octubre 2022 a abril 2025) con el Sr. Pablo Miniti como presidente, presentó una denuncia administrativa formal contra al menos quince particulares que, según pruebas documentadas y constataciones técnicas, desvían, represas y captan agua del río Huaco sin ningún tipo de permiso ni regulación. Estas tomas ilegales no sólo afectan el riego de las históricas producciones agrícolas de Sanagasta, sino que comprometen directamente el agua que se potabiliza para el consumo humano.
A pesar de las múltiples notas dirigidas al Ministerio de Agua y Energía, del involucramiento del IPALAR y del reclamo colectivo ante el Concejo Deliberante local, el Gobierno provincial, encabezado por el Ing. Adolfo Scaglioni en esa cartera, sigue sin aplicar medidas efectivas para frenar el saqueo hídrico que padecen cientos de familias.
Agricultura arruinada, agua ausente
El daño ya está hecho: plantaciones perdidas, cosechas frustradas, producción artesanal destruida. Mientras se multiplican las huertas verdes y las fincas privadas en la zona de Huaco —visible a simple vista, según testimonios y fotografías incluidas en el expediente—, en Sanagasta las parcelas se secan y la desesperación crece. El contraste es brutal: quienes toman el agua, prosperan; quienes la esperan, se hunden.
La denuncia no sólo aporta actas notariales, informes técnicos y pruebas fotográficas, sino que también derriba los argumentos de los ocupantes ilegales, quienes pretenden justificar su accionar con supuestas posesiones “inmemoriales” y contratos de comodato otorgados por el propio municipio en 2015. Contradicciones que dejan en evidencia la falta de sustento legal y el uso político del recurso hídrico.
El agua como derecho público, no como privilegio privado
La legislación es clara: el agua es un bien de dominio público del Estado, inalienable e imprescriptible, cuya distribución debe contemplar el interés colectivo, no las conveniencias de algunos. El Código Civil y Comercial, el Código del Agua provincial y la Constitución Nacional lo establecen sin margen de ambigüedad. Sin embargo, la ausencia de controles, la falta de aplicación de sanciones y la inacción estatal parecen hablar más fuerte que cualquier ley.
¿Quién garantiza hoy que los derechos hídricos de una comunidad entera no sean vulnerados por la fuerza de hecho de unos pocos y por la pasividad de los funcionarios?
Una voz que no se calla
En medio de este panorama, si el Gobierno provincial no actúa con urgencia, la crisis hídrica que golpea a Sanagasta puede replicarse en otras zonas rurales riojanas, como el escaso nivel de agua en el DIQUE LOS SAUCES, y el corte recurrente en el servi cio en la capital riojana.
El agua no puede ser botín de guerra ni negocio encubierto. En una provincia que ha hecho bandera de su producción agrícola y de su identidad rural, el silencio del poder político frente a este atropello es, al menos, escandaloso.
Desde Riojalandia, seguiremos de cerca esta historia. Porque contar lo que otros callan, también es una forma de justicia.
