La falta de transparencia en la gestión del Gobernador enfrenta un nuevo desafío institucional. Desde la Legislatura exigen explicaciones sobre los cobros irregulares avalados por el EUCOP, poniendo en jaque el accionar del Poder Ejecutivo.
La política riojana vuelve a chocar de frente con uno de sus males más crónicos: la falta de transparencia del Poder Ejecutivo. Esta vez, el foco del conflicto se centra en el polémico Decreto 1037, una medida que, lejos de llevar claridad a los usuarios, ha sembrado un profundo manto de dudas sobre los procedimientos de recaudación en la provincia.
En las últimas horas, la embestida institucional ha tomado forma en la Legislatura provincial. El bloque de La Libertad Avanza ha presentado una minuta exigiendo informes directos al Ejecutivo y a los organismos correspondientes. La demanda es clara y constituye un requisito básico para cualquier gestión que se precie de republicana: que se le explique a los ciudadanos cómo se determinó el esquema de recupero de montos y cuáles fueron los coeficientes de actualización aplicados.
Lo que se esconde detrás de este pedido de informes no es un simple formalismo administrativo. La acusación lanzada por los legisladores es contundente y gravísima, calificando este cobro como una verdadera «exacción ilegal». En términos llanos, se señala al gobierno provincial por meterle la mano en el bolsillo a los usuarios de manera arbitraria. A esto se suma el accionar del Ente Único de Control de Privatizaciones (EUCOP), que ha dictaminado un esquema de ocho cuotas sin brindar las justificaciones técnicas necesarias a la población.
Como analistas políticos, no podemos dejar de observar el patrón. Cuando una administración es incapaz de detallar —o elige ocultar— cuánto dinero ha recaudado y cuánto le falta por cobrar, el silencio deja de ser una mera omisión y se convierte en un síntoma de alarma institucional. El rol natural de la Legislatura es actuar como contrapeso y frenar cualquier avance del Ejecutivo que vulnere los derechos económicos de la ciudadanía.
La pelota está ahora en el tejado de la Casa de Gobierno. El Gobernador debe demostrar si está dispuesto a rendir cuentas reales sobre las sombras del Decreto 1037 o si preferirá, una vez más, atrincherarse en el hermetismo. Mientras el debate se libra en los recintos, son los riojanos quienes siguen esperando respuestas antes de enfrentarse al próximo vencimiento.
