viernes, mayo 15, 2026

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URGENTE -YPF: Argentina consigue fallo favorable en Nueva York y se suspende la entrega del 51% de acciones

Un tribunal de apelaciones de la ciudad de Nueva York suspendió temporalmente la orden que obligaba al Estado argentino a entregar el 51 % de las acciones de YPF a fondos buitre, que habían obtenido un fallo favorable en primera instancia

  • La jueza Loretta Preska había ordenado en junio de 2023 pagar USD 16.100 millones, y en junio de 2025 reclamó la transferencia de acciones como parte del cumplimiento
  • Gracias al fallo del tribunal de apelaciones, Argentina ahora cuenta con más tiempo: tiene hasta el 17 de julio para presentar argumentos y buscar un stay prolongado

 ¿Por qué es relevante?

  1. Defensa de la soberanía y economía nacional:
    La entrega del paquete accionario habría significado entregar el control de YPF, eje central de las reservas de Vaca Muerta y una pieza clave en la estrategia del gobierno de Milei para fortalecer las reservas de divisas.
  2. Base jurídica de la disputa:
    La demanda acusa a Argentina de haber vulnerado los estatutos internos de YPF en 2012, al no ofrecer una oferta pública de compra a los accionistas minoritarios luego de la expropiación de Repsol.
  3. Intereses acumulados y riesgo financiero:
    Al monto original (USD 16.100 M) se le suman los intereses diarios —aproximadamente USD 2 millones por día—, profundizando el riesgo económico .

 ¿Qué sigue ahora?

  • Apelación en marcha: Argentina presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito (NY), y podría escalar el caso a la Corte Suprema.
  • Audiencia clave: El tribunal fijó una audiencia para el 17 de julio, fecha límite antes de una posible declaración de desacato.
  • Restricciones legales locales: La ley argentina exige aprobación del Congreso para transferir acciones estatales, lo que complica aún más la ejecución del fallo

 

 En definitiva

El pequeño respiro obtenido con esta suspensión temporal no es definitiva. Pero ofrece un momento crucial:

  • Para que el país organice una defensa técnica y política sólida en Nueva York.
  • Para que el Congreso evalúe —en un marco soberano— cómo actuar ante fondos litigantes.

 

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