Desde mayo, La Rioja implementó un sistema desdoblado para tramitar licencias de conducir: las categorías comunes (incluida la D1, para taxis, remises y plataformas como Uber) se gestionan en los CePaR Sur y Norte, mientras que las licencias profesionales (categorías C, D y E) deben tramitarse exclusivamente a través de la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La medida generó fuertes cuestionamientos de usuarios y trabajadores del transporte formalizado, quienes denuncian altos costos y demoras excesivas.
Costos elevados
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Examen psicofísico: $150.000, un monto significativo que muchos conductores consideran inaccesible.
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Capacitación obligatoria: quienes tramitan por primera vez deben cumplir 20 horas, y los que renuevan, 10 horas, en la Subsecretaría de Seguridad Vial (calle 9 de Julio 239). El valor de estos cursos fluctúa entre los $140.000 y los $280.000, según la categoría y el tipo de trámite.
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En total, el proceso puede superar los $400.000 por persona, sin contar otros costos como viáticos o cancelaciones.
Demoras en los turnos
Las quejas no terminan en lo económico. Los usuarios informan que los primeros turnos disponibles para completar el trámite no están hasta los primeros días de agosto. Esto deja a muchos conductores sin licencia válida y, en consecuencia, sin posibilidad de trabajar de manera legal.
Impacto en el sector del transporte
Representantes del sector criticaron la medida. Señalan que este nuevo sistema, lejos de facilitar, complica el acceso a la habilitación profesional. Muchos trabajadores que necesitan circular fuera de la provincia se ven obligados a operar en condiciones de informalidad.
El rol del Gobierno provincial
El Estado provincial, a cargo de la gestión local bajo la administración de Ricardo Quintela, se limitó a ofrecer los cursos y brindar turnos presenciales, pero no intervino en los aspectos centrales que están generando el malestar:
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No hubo gestión para reducir los costos del examen psicofísico.
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No se ofrecieron turnos urgentes ni se implementaron soluciones para acelerar la atención.
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El trámite profesional presencial fue dejado de lado, sin alternativas locales.
En su lugar, la responsabilidad quedó completamente delegada en la ANSV.
Consecuencias para La Rioja
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Aumento de la informalidad en el transporte.
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Reducción de la oferta legal de taxis, remises y transporte entre municipios.
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Dificultades económicas para conductores que dependen de su licencia como principal fuente de ingresos.
La modernización del trámite de licencias se presenta como un avance digital, pero se está transformando en una barrera económica y burocrática para quienes viven del volante. El Estado provincial cobra el examen y la capacitación, pero no asume responsabilidad por las consecuencias sociales del cambio: pérdida de trabajo, ilegalidad al volante y empobrecimiento de la actividad formal.
Es imprescindible que la provincia intervenga de manera urgente, recupere la gestión local y asegure un trámite ágil, justo y accesible para todos los conductores que necesitan una licencia profesional para ganarse la vida.
Por Fernando Barrios – RIOJALANDIA
