Mientras el Gobierno de Ricardo Quintela mantiene a la provincia de La Rioja en estado de default interno, sin cumplir compromisos salariales y con paritarias congeladas hasta septiembre, los números muestran otra cara: la coparticipación nacional ha registrado ocho meses consecutivos superando la inflación.
Según datos oficiales de INDEC y DNAP, entre octubre de 2024 y mayo de 2025, la provincia recibió una coparticipación superior al mismo mes del año anterior ajustado por inflación. Por ejemplo, en diciembre de 2024 se registró un incremento real del 6,5%, y en marzo de este año, el aumento fue del 19,6%. Incluso en abril 2025, La Rioja percibió un 12,9% más que en abril 2024, en términos reales.
A pesar de esta mejora en la recaudación, el Gobierno provincial no trasladó esos ingresos a los trabajadores estatales ni al conjunto de los riojanos. La promesa oficial es recién discutir un aumento en septiembre, mientras la inflación sigue golpeando el bolsillo y el poder adquisitivo provincial se erosiona mes a mes.
Resulta preocupante que, mientras la Nación sigue girando fondos —incluso en plena crisis fiscal nacional—, desde el gobierno de Quintela se insista en el discurso del ajuste nacional como excusa para incumplir con sus propias obligaciones. ¿Dónde va el dinero que llega? ¿Por qué los docentes, los trabajadores de la salud y los estatales siguen esperando aumentos cuando los recursos están?
La deuda interna de La Rioja no es solo financiera: es política y social. Y no se tapa con discursos victimistas ni con actos protocolares.
