El Gobierno provincial suspendió por 180 días las ejecuciones prendarias. Sin un esquema de refinanciación genuino, la medida interviene contratos privados, genera inseguridad jurídica y asfixia a los comercios locales que ya no podrán cobrar sus acreencias.
El Gobierno de La Rioja oficializó el Decreto 1293, una normativa que suspende por un plazo de 180 días las ejecuciones prendarias en toda la provincia. Aunque desde el discurso oficial se intenta presentar esta medida como un escudo protector para los deudores frente a la crisis, los sectores comerciales y financieros advierten que la decisión es, en rigor, una bomba de tiempo con graves deficiencias técnicas.
El decreto posterga el problema en lugar de solucionarlo. Al vencer el plazo de seis meses, las familias riojanas no solo seguirán endeudadas, sino que los montos se habrán multiplicado, dejando la vía libre para los secuestros de vehículos y bienes. El Ejecutivo se limitó a dilatar los plazos procesales sin ofrecer una reestructuración de fondo.
En el plano legal, la normativa evidencia una redacción ambigua. Ordena la creación de un nuevo «Registro de Entidades Financieras», pero omite detallar qué empresas, comercios o instituciones quedan alcanzadas. Este vacío jurídico deja en total indefensión tanto a los comerciantes locales como a los propios deudores, abriendo la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte del Estado.
Resulta particularmente llamativo que una medida de esta magnitud no incluya de manera explícita al Banco Rioja. Al dejar afuera a la entidad financiera de la provincia, el Gobierno omite estructurar un verdadero plan de salvataje que permita refinanciar los compromisos a tasas razonables, reduciendo la norma a un mero parche declarativo.
La intervención arbitraria del Estado provincial en los acuerdos entre privados siempre tiene un costo, y en este caso lo pagará el empleo. El Decreto 1293 emite un mensaje cultural sumamente peligroso: la falsa sensación de que, con el aval del Estado, en La Rioja se puede dejar de pagar.
Esta distorsión destruye inmediatamente la cadena de pagos. El corte abrupto en los flujos de cobro golpea de lleno a las casas de electrodomésticos, comercios de cercanía y financieras locales, generando una ola de morosidad artificial. Lejos de las intenciones de proteger a los riojanos, la imposibilidad de cobrar las cuentas corrientes y sostener los costos operativos empuja al sector privado provincial hacia un abismo inevitable: el cierre de locales y, como consecuencia directa, despidos masivos.
El gobernador Ricardo Quintela avanza con una medida que castiga al sector productivo para ganar tiempo político. Sin la participación del banco provincial y bloqueando la herramienta judicial de cobro, el decreto expone un profundo error de diagnóstico que terminará perjudicando exactamente a los mismos ciudadanos que prometió defender.
