La secretaria de Comunicación de La Rioja, Luz Santángelo Carrizo, ensayó una férrea defensa de la estrategia digital del Gobierno provincial, en un discurso que desnudó las contradicciones de una gestión que exige rigor periodístico mientras utiliza sus redes como un megáfono unilateral y promete portales de acceso a la información pública que aún no logran materializarse del todo.
Bajo la premisa de que «ser viral no significa ser periodista», la funcionaria cuestionó la circulación masiva de contenidos sin chequeo y apuntó contra los medios, acusándolos de actuar según intereses económicos y políticos. Sin embargo, la propia reestructuración de su área consolidó una matriz donde el Ejecutivo esquiva sistemáticamente las conferencias de prensa tradicionales. Al anunciar decisiones sensibles exclusivamente a través de sus plataformas digitales, el Gobierno riojano anula la posibilidad de repregunta y el escrutinio directo, replicando la misma comunicación sin intermediarios que critica cuando el flujo de información le resulta adverso.
El tramo más endeble y cínico de la exposición oficial fue la denuncia sobre supuestas campañas digitales. Santángelo aseguró que desde la oposición se orquestan ataques organizados mediante «trolls» y cuentas automatizadas para agredir a la gestión, citando como ejemplo la emisión de los bonos «Chachos» en 2024. No obstante, la funcionaria omite convenientemente el reverso de esta moneda y critica exactamente lo que promueven desde su propio partido.
Mientras el Gobierno se victimiza y señala a la oposición, desde el propio ecosistema oficialista se despliega una maquinaria idéntica y aceitada. Operadores políticos, páginas de dudosa procedencia, perfiles falsos y cuentas ampliamente conocidas por su militancia quintelista se dedican de manera sistemática a hostigar, difamar y atacar a cualquier voz que no esté alineada con el discurso oficial. Esta violencia digital, financiada y avalada por el silencio institucional, no distingue géneros: persigue y agrede tanto a mujeres como a hombres que osan cuestionar el modelo. La secretaria denuncia la falta de ética en redes, pero hace la vista gorda ante las agresiones que su propio espacio político utiliza para disciplinar a la disidencia.
En materia institucional, el discurso también expuso un déficit operativo. Santángelo reconoció que la Provincia «está trabajando» en la aplicación de las normativas de acceso a la información. El hecho de que la habilitación de estas herramientas siga presentándose como un trabajo en proceso revela una falencia estructural. La verdadera transparencia activa no se resuelve con anuncios a futuro, sino garantizando hoy que los datos oficiales estén actualizados, sean localizables y puedan descargarse para que ciudadanos y periodistas puedan auditarlos.
La postura de la Secretaría de Comunicación evidencia una profunda hipocresía frente al ecosistema digital: el Gobierno exige responsabilidad a quienes publican, se queja de campañas de desprestigio y llora ataques de trolls, pero al mismo tiempo sostiene a sus propios operadores digitales para atacar a opositores y diseña una estrategia comunicacional blindada donde la apertura real de los datos del Estado sigue siendo apenas una promesa.
