Gabriela Andines, una madre que vive un verdadero calvario, habló por primera vez tras el hecho ocurrido el sábado por la noche cuando, en un acto desesperado, ingresó con un arma blanca a una farmacia de la cadena Farmacity para intentar conseguir un medicamento vital para su hijo de 13 años con epilepsia severa. Su caso sacudió a todo el país y expone con crudeza el abandono estatal en materia de salud y discapacidad.
“Pido perdón, pero estaba desesperada. El remedio cuesta 25 mil pesos y le dura un solo día. Si tenía que ir presa, iba a ir, pero mi hijo tenía que tener su medicación”, dijo Gabriela, sin poder contener las lágrimas.
Su hijo, Ulises, depende del levetiracetam y del aceite de cannabis medicinal para poder sobrellevar una condición que, sin tratamiento, le provoca hasta 200 convulsiones diarias. Sin cobertura médica, sin asistencia estatal y sin respuestas de la burocracia sanitaria, su madre sintió que no tenía otra opción.
“Nadie del Ministerio de Salud se comunicó conmigo. Todo lo que conseguí fue por ayuda de vecinos y personas de buen corazón. Nadie se pone en mi lugar”, expresó con indignación.
La obra social estatal Profe, que debería cubrir los medicamentos, le quitó la cobertura sin explicación. Gabriela denunció que el Plan Incluir Salud no cumple con las entregas de insumos ni mantiene contacto con las familias, agravando situaciones límites como la suya.
