A través de la Resolución 806/2026, el Ministerio de Seguridad de la Nación habilitó la ampliación de la estrategia de detección y bloqueo de dispositivos móviles a los servicios penitenciarios provinciales que adhieran, buscando cortar la coordinación de delitos desde el encierro.
El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la ampliación a todas las jurisdicciones provinciales del sistema de detección y bloqueo de celulares en establecimientos penitenciarios, una herramienta clave orientada a desarticular la operación de bandas delictivas que utilizan líneas móviles desde el encierro.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución 806/2026. El plan —que ya se encontraba operativo en el sistema federal— contempla la detección y el bloqueo de códigos IMEI, IMSI y líneas telefónicas utilizadas de forma irregular dentro de las unidades penales.
Para su implementación territorial, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán incorporarse formalmente a través de la firma de un convenio de adhesión aprobado por la cartera nacional. Asimismo, el Ministerio dispondrá de una ventanilla única para canalizar de manera directa ante las compañías de telefonía móvil la desactivación de los aparatos detectados. «Las cárceles no pueden ser centros de operaciones del crimen organizado», remarca el comunicado oficial.
Durante años, el uso clandestino de teléfonos celulares en el interior de los penales funcionó como la principal vía de comunicación para la planificación de secuestros, extorsiones, venta de drogas y homicidios por encargo. Los sucesivos intentos de control por parte de las administraciones anteriores chocaron contra la falta de decisión política o la complicidad estructural dentro de los servicios penitenciarios. Con esta resolución, la administración de Javier Milei busca federalizar una política de firmeza y cerrar el grifo tecnológico que alimenta la inseguridad urbana desde el corazón del sistema carcelario.
La decisión del Gobierno nacional marca un punto de inflexión necesario en materia de seguridad ciudadana, atacando el problema del delito desde su matriz operativa. La medida pone la lupa de manera directa sobre los gobiernos provinciales: ahora las administraciones locales, incluida la de La Rioja, quedan ante la responsabilidad política de adherir y dejar de mirar hacia el costado frente al manejo impune de la delincuencia tras las rejas. El principio rector es claro y contundente: el que está preso no puede seguir delinquiendo, y el Estado debe recuperar el control absoluto de los establecimientos penitenciarios.
La efectividad de esta ampliación dependerá ahora de la velocidad y el compromiso con el que cada provincia decida sumarse al convenio nacional y utilizar la ventanilla única para limpiar las cárceles de tecnología criminal.
