La Rioja – El director nacional de Articulación Federal, Guillermo Galván, celebró la confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En declaraciones a medios locales, Galván calificó el fallo como “un antes y un después en la historia del país”, un hecho histórico y un mensaje claro “para quienes desvían fondos” públicos. El funcionario remarcó además que es “la primera vez en décadas que se confirma una prisión efectiva a una ex jefa de Estado” y pidió que este fallo inaugure “una nueva etapa de reconstrucción moral en la Argentina”.
La causa Vialidad investiga millonarios sobreprecios en obras públicas de Santa Cruz adjudicadas a la constructora Austral, vinculada al empresario Lázaro Báez. Según el fallo, el perjuicio fiscal causado por estas maniobras alcanza cerca de 84.000 millones de pesos. En ese contexto, Galván detalló que “la mitad de las rutas que se pagaron en Santa Cruz no fueron construidas, o lo fueron parcialmente”. El dirigente añadió que el daño al Estado “supera los 100.000 millones de pesos”, una cifra que equivale a casi un mes del presupuesto provincial riojano. Estos datos evidencian decenas de obras viales abandonadas, que ya fueron señaladas por la prensa nacional como vestigios mudos de un presunto “grave hecho de corrupción” durante los gobiernos kirchneristas.
Galván advirtió que el efecto del fallo no se agota en Santa Cruz: “cuando se renueve la Justicia y se investigue, en La Rioja también aparecerán casos similares. Hay sobreprecios, obras inconclusas y exfuncionarios que deberán rendir cuentas. Esto recién empieza”, sentenció. En La Rioja, el gobierno peronista de Ricardo Quintela –aliado de la vicepresidenta– ya acumula múltiples cuestionamientos. El diario La Nación destacó que “su gobierno se asimila al de un clan familiar. Alrededor de treinta parientes ocupan cargos en empresas del Estado riojano”, ilustrando un fuerte nepotismo local. A estas críticas se suman denuncias ciudadanas recientes: un vecino riojano filmó un video acusando al oficialismo provincial de manejar supuestas “redes de narcotráfico” y enriquecerse ilícitamente, protestando que los funcionarios “viven como oligarcas mientras el pueblo pasa hambre”. “No pueden hablar de justicia social cuando viven del pueblo y se burlan de los más pobres”, afirmó el denunciante, frase que evidencia la indignación popular.
La nota concluye reclamando que la misma vara se aplique en la provincia. Si para la Corte la condena fue “un antes y un después” que pone fin a la impunidad de los corruptos nacionales, los analistas locales exigen que la justicia riojana actúe con igual rigor aquí. Como advirtió Galván: “Esto recién empieza”, y debe traducirse en investigaciones exhaustivas de los casos provinciales. En suma, desde la tribuna libertaria se enfatiza que la justicia debe avanzar también en los casos de corrupción local, sin excepciones. En La Rioja ya se habla de feudalismo y clientelismo institucional; el mensaje ahora es que nadie, ni siquiera en la provincia natal de CFK, quede al amparo de la impunidad.
Por Riojalandia
