LA RIOJA — En un contundente intento por frenar el accionar delictivo desde las celdas, el Servicio Penitenciario Provincial de La Rioja llevó a cabo una requisa general que resultó en el secuestro de más de cien teléfonos celulares que estaban en poder de los internos. Este operativo marca el inicio de una política estricta que prohíbe de manera definitiva el acceso a redes sociales y el uso de dispositivos móviles no autorizados dentro de la institución.
El operativo: pabellones y espacios comunes bajo la lupa
Según detallaron fuentes del ámbito penitenciario, el procedimiento se desplegó mediante controles simultáneos en los distintos pabellones del penal. Los agentes llevaron a cabo una exhaustiva revisión de las pertenencias personales de los reclusos y de los espacios de uso común.
El saldo de la intervención fue la incautación de un gran volumen de dispositivos móviles, tarjetas SIM (chips), cargadores y otros elementos tecnológicos, cuya tenencia está terminantemente prohibida por los reglamentos del establecimiento. Las autoridades confirmaron que, conforme a los protocolos vigentes, todos los equipos confiscados serán destruidos.
Estafas y amenazas: el fin del «home office» delictivo
Desde la conducción del Servicio Penitenciario explicaron que la decisión de avanzar con este megaoperativo se tomó tras detectar un alarmante volumen de comunicaciones no autorizadas. Los internos utilizaban las redes sociales no solo para interactuar con el exterior, sino, fundamentalmente, para ejecutar presuntas maniobras de estafas virtuales, amenazas y la coordinación de hechos delictivos con cómplices en las calles.
Para erradicar estas prácticas, las autoridades dispusieron un nuevo esquema de seguridad que incluye:
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Prohibición total del uso de teléfonos celulares.
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Bloqueo definitivo del acceso a redes sociales.
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Habilitación exclusiva de canales de comunicación oficiales y controlados para el contacto con familiares.
Controles más estrictos y alineación nacional
El cerrojo no se limitará únicamente a las celdas. Se ordenó reforzar de manera rigurosa las requisas en los ingresos al penal, abarcando tanto a las visitas como al propio personal penitenciario, con el fin de cortar de raíz el circuito de ingreso clandestino de la tecnología. Además, advirtieron que los operativos sorpresa continuarán desarrollándose de forma periódica.
Esta drástica medida en La Rioja se enmarca en una tendencia que ya está siendo adoptada por diversos servicios penitenciarios a lo largo del país, en respuesta al crecimiento exponencial de los delitos digitales organizados desde unidades carcelarias.
«El objetivo es recuperar el control interno, evitar comunicaciones ilegales y garantizar que las conexiones con el exterior se realicen únicamente por vías autorizadas y supervisadas», remarcaron fuentes oficiales, dejando en claro que se terminó la era de la conectividad irrestricta en el penal provincial.
