LA RIOJA — La eliminación del programa nacional “Volver al Trabajo” (ex Potenciar Trabajo) generará un fuerte impacto político y social en la provincia. La medida afectará a más de 11.000 beneficiarios riojanos que dejarán de percibir el ingreso mensual directo. Sin embargo, el dato que mayor controversia genera es cómo estaban distribuidos esos fondos: el 77% de los planes —unos 8.500— eran administrados directamente por organizaciones sociales.
Desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación señalaron que el objetivo central de esta reforma es terminar con la intermediación y desactivar lo que califican como una «administración irregular».
Según denunciaron fuentes de la cartera nacional, el esquema anterior habilitaba prácticas fuertemente cuestionadas, tales como la exigencia de un porcentaje o cuota mensual a los beneficiarios, la obligación de asistir a marchas o piquetes para no perder el beneficio, y la asignación de planes a militantes o personas directamente vinculadas a las estructuras políticas de los movimientos territoriales.
“Con el sistema de vouchers se corta la intermediación. Se terminó el manejo discrecional, las listas armadas por organizaciones y el uso político de los planes. Se acabó el curro”, sentenciaron desde el Gobierno nacional.
El nuevo modelo: de la caja al «voucher» de capacitación
El cambio de paradigma implica la eliminación del pago mensual directo. En su lugar, el Estado implementará un sistema de vouchers de capacitación laboral.
A partir de ahora, el Estado financiará cursos de oficios, formación técnica y programas de inserción laboral. Para acceder al beneficio, los titulares deberán inscribirse y asistir de manera efectiva a estas formaciones, sin ningún tipo de intervención de las organizaciones sociales. La asistencia dejará de ser automática y quedará estrictamente condicionada a la participación comprobable en los cursos.
El mapa de los planes sociales en La Rioja
De acuerdo con las estimaciones oficiales, los 8.500 planes que estaban bajo el control de las organizaciones en la provincia se distribuían de la siguiente manera:
-
Movimiento Evita / UTEP: 3.000 beneficiarios.
-
Corriente Clasista y Combativa (CCC): 1.800 beneficiarios.
-
Somos Barrios de Pie: 1.200 beneficiarios.
-
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): 900 beneficiarios.
-
Frente Popular Darío Santillán: 600 beneficiarios.
-
Otras organizaciones y cooperativas: 1.000 beneficiarios.
Por otro lado, los restantes 2.500 beneficiarios (completando así el universo de más de 11.000 afectados) dependían de unidades de gestión del Estado provincial o de otras estructuras administrativas gubernamentales.
En La Rioja, el impacto de esta transición será significativo. No solo por la enorme cantidad de familias alcanzadas por la medida, sino por el inminente recorte de poder territorial y caja que sufrirán los movimientos sociales al perder la administración de estos recursos, en el marco de una política nacional que busca virar de la asistencia directa a la inserción en el mercado laboral formal.
