Lo que hasta hace pocos meses parecía una medida excepcional hoy comienza a consolidarse como una política permanente del gobierno de Ricardo Quintela. La conducción de la CGT riojana confirmó que el próximo aumento salarial para los empleados públicos incluirá un esquema de pago compuesto por 80% en pesos y 20% en Chachos, la cuasimoneda provincial que volverá a circular tras el pago del aguinaldo.
La novedad no solo expone la delicada situación financiera de la provincia. También deja al descubierto el rol de los gremios, que lejos de rechazar la medida, parecen haber aceptado como algo natural que una parte del salario de los trabajadores se pague con bonos emitidos por el propio Estado.
El encargado de confirmar el acuerdo fue el titular de la UOCRA y referente de la CGT local, Sebastián Di Fiori, luego de reunirse con el gobernador. Según explicó, la discusión pendiente ya no es si habrá Chachos o no, sino únicamente cuánto será el aumento que recibirán los empleados.
Es decir, la discusión salarial arrancó con una condición impuesta: una parte del sueldo no se cobrará en pesos.
Desde el oficialismo aseguran que los bonos tendrán beneficios para pagar servicios provinciales y que existirán controles para evitar sobreprecios en los comercios. Sin embargo, la experiencia económica demuestra que cuando un gobierno necesita emitir cuasimonedas para afrontar compromisos salariales, el problema de fondo no es comercial sino fiscal.
La pregunta que muchos trabajadores se hacen es simple: si el aumento busca recuperar poder adquisitivo, ¿por qué una parte no será abonada en moneda de curso legal?
Más llamativo aún resulta el silencio de gran parte de la dirigencia sindical. Históricamente los gremios reclamaron salarios en efectivo, incrementos remunerativos y mejoras que impacten en aguinaldos, jubilaciones y aportes. Hoy, en cambio, parecen conformarse con discutir porcentajes mientras aceptan que una parte de la recomposición llegue en papeles emitidos por una provincia con serios problemas financieros.
La decisión también representa un fuerte cambio de discurso. Durante años, el oficialismo provincial responsabilizó exclusivamente a la Nación por la crisis económica. Sin embargo, el regreso de los Chachos constituye una admisión implícita de que las cuentas riojanas atraviesan dificultades que ya no pueden ocultarse.
Mientras el Gobierno presenta la medida como una herramienta para sostener el consumo y los gremios la avalan sin demasiadas objeciones, miles de empleados estatales esperan conocer cuánto aumentará realmente su salario y cuánto de ese incremento terminará transformado en bonos.
Porque al final del día, el problema no es cómo se llama el papel. El problema es que cada vez más trabajadores deberán volver a depender de una cuasimoneda para llegar a fin de mes.
