Después de años de silencio institucional y décadas sin avances concretos, el gobernador Ricardo Quintela anunció que La Rioja demandará a San Juan ante la Corte Suprema para reclamar una franja territorial donde hoy se encuentran algunos de los proyectos mineros más importantes del continente.
La decisión llega justo cuando los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, impulsados por inversiones superiores a los 4.000 millones de dólares, prometen transformar a la región en uno de los principales polos de producción de cobre y oro de Sudamérica.
Según la posición riojana, el territorio fue cedido de manera ilegítima durante la dictadura de Juan Carlos Onganía mediante el decreto-ley 18.004 de 1968, una norma que fijó los límites provinciales sin intervención del Congreso Nacional, que se encontraba cerrado por el régimen militar.
Sin embargo, la polémica no pasa solamente por la cuestión histórica.
Muchos observadores se preguntan por qué este reclamo, que lleva más de medio siglo sin resolución, reaparece con tanta fuerza precisamente ahora, cuando comenzaron a hablarse de miles de millones de dólares en regalías mineras.
La propia gestión de Quintela ha atravesado en los últimos meses dificultades financieras, reclamos salariales, conflictos con los gremios y hasta el regreso de los Chachos para afrontar compromisos económicos provinciales. En ese contexto, la disputa con San Juan aparece como una nueva bandera política para instalar en la agenda pública.
Desde San Juan fueron contundentes. El gobernador Marcelo Orrego rechazó el planteo y sostuvo que la delimitación vigente tiene plena validez jurídica, calificando la ofensiva riojana como un reclamo motivado por intereses vinculados a la renta minera.
Lo cierto es que, más allá de quién tenga razón en el expediente histórico, la batalla judicial promete extenderse durante años y difícilmente genere beneficios inmediatos para los riojanos.
Mientras tanto, la provincia sigue enfrentando problemas urgentes que afectan todos los días a la población: empleo privado estancado, salarios deteriorados, infraestructura deficiente y una fuerte dependencia de recursos externos.
Defender los intereses de La Rioja es una obligación de cualquier gobernador. Pero también lo es explicar por qué una causa que permaneció décadas archivada se convierte ahora en prioridad absoluta justo cuando debajo de la cordillera comenzaron a aparecer miles de millones de dólares en cobre, oro y plata.
