El abogado Nicolás Mercado cuestionó la decisión del juez que impide a las partes realizar declaraciones públicas y advirtió que la medida podría afectar la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada.
La causa que investiga presuntos apremios ilegales en la localidad de Ulapes sumó un nuevo capítulo de controversia luego de que la Justicia ordenara a las partes abstenerse de realizar declaraciones públicas sobre el expediente.
La resolución, dictada por el juez Juan Isidro Cáceres a pedido del Ministerio Público Fiscal, busca evitar manifestaciones que puedan interferir con la investigación o afectar a las personas involucradas.
Sin embargo, la medida generó fuertes cuestionamientos por parte del abogado Nicolás Mercado, quien representa a una de las partes y consideró que la decisión excede el ámbito procesal y afecta principios fundamentales del sistema democrático.
En declaraciones al programa «Dos Tipos Audaces», emitido por Riojalandia Stream, el letrado sostuvo que la disposición judicial limita el derecho a informar y a expresarse públicamente sobre un caso de alto interés para la sociedad.
«No solo hay una afectación desde el punto de vista procesal, sino que también se está vulnerando la libertad de prensa», afirmó.
«Sin difusión, estos hechos no salen a la luz»
Mercado sostuvo que el trabajo de los medios de comunicación fue determinante para que las denuncias tomaran estado público y comenzaran a ser investigadas.
A su entender, impedir que abogados o partes puedan brindar información sobre el avance de la causa podría terminar afectando el control social sobre investigaciones sensibles.
«La libertad de prensa en un Estado democrático es esencial. Si no hay difusión, estos hechos no salen a la luz», expresó.
El abogado remarcó además que la cobertura periodística permitió visibilizar denuncias sobre presuntas irregularidades ocurridas en dependencias policiales.
Un caso que mantiene fuerte repercusión
La investigación gira en torno a denuncias por supuestos apremios ilegales cometidos en Ulapes, un expediente que desde sus primeros días generó amplio interés público por la gravedad de los hechos denunciados.
Durante la entrevista, Mercado señaló que el interés periodístico sobre la causa «incomoda» a algunos sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, aunque aclaró que el objetivo debe seguir siendo el esclarecimiento de los hechos y la protección de las presuntas víctimas.
También hizo referencia a versiones que hablan de posibles prácticas de violencia institucional.
«Se habla de apremios ilegales, incluso de prácticas que creíamos superadas, como el uso de picana», manifestó.
Debate entre reserva judicial y derecho a informar
La decisión judicial vuelve a abrir un debate recurrente: hasta dónde puede limitarse la difusión pública de una investigación penal sin afectar derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y el control ciudadano sobre el funcionamiento de la Justicia.
Mientras la causa continúa su curso, el planteo del abogado vuelve a instalar la discusión sobre el equilibrio entre preservar la investigación y garantizar la transparencia en casos que despiertan un fuerte interés público.
