En medio del debate por las inversiones, la Provincia oficializó nuevas firmas vinculadas a la explotación minera. La coincidencia reaviva los interrogantes sobre el verdadero motivo por el que La Rioja insiste con un régimen propio y rechaza adherir al esquema nacional.
Mientras el gobernador Ricardo Quintela mantiene una firme postura de rechazo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno nacional y continúa defendiendo la creación de un régimen provincial propio, en los últimos meses comenzaron a multiplicarse en La Rioja nuevas sociedades comerciales vinculadas directamente a la actividad minera.
La Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó recientemente la inscripción de Allpa Maag S.R.L., Obema Minería S.R.L. y de la Prominlar U.T.E., tres estructuras empresariales cuyo objeto social gira en torno a la exploración, explotación y comercialización de minerales, además de servicios vinculados al sector.
Desde el Gobierno provincial sostienen que estas medidas forman parte de una estrategia destinada a fortalecer la minería como uno de los pilares del desarrollo económico y la generación de empleo.
Sin embargo, el escenario abre interrogantes políticos inevitables.
Si la Provincia considera que la minería será el motor de las futuras inversiones, ¿por qué mantiene su negativa a adherir al RIGI nacional, un régimen diseñado precisamente para atraer grandes capitales?
La discusión cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que el Ejecutivo provincial impulsa paralelamente un régimen de promoción minera propio, lo que genera cuestionamientos desde distintos sectores económicos sobre cuáles serán las reglas para acceder a esos beneficios y quiénes resultarán finalmente favorecidos.
La reciente aparición de nuevas empresas locales alimenta el debate sobre la transparencia del proceso de asignación de oportunidades dentro del sector minero y sobre la necesidad de que cualquier esquema de incentivos garantice igualdad de condiciones para todos los inversores, sin privilegios ni discrecionalidad.
Hasta el momento no existe información pública que indique que las sociedades recientemente constituidas hayan recibido beneficios especiales ni que exista algún tipo de irregularidad en su conformación. No obstante, la simultaneidad entre el rechazo al RIGI nacional y el crecimiento de empresas vinculadas a la minería vuelve a instalar preguntas sobre el rumbo que pretende imprimir el Gobierno provincial al desarrollo de uno de los sectores económicos con mayor potencial de La Rioja.
El debate recién comienza y promete ocupar un lugar central en la agenda política provincial, especialmente si el Ejecutivo insiste en avanzar con un régimen propio mientras continúa rechazando el esquema nacional.
