El malestar entre los empleados públicos riojanos sigue creciendo. Esta vez, la Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ) presentó un reclamo formal ante el Tribunal Superior de Justicia para exigir un aumento de $150.000 al básico, retroactivo a septiembre, y la incorporación de todos los ítems no remunerativos al sueldo real.
El pedido no es aislado: expone un problema estructural que afecta a todo el sector público riojano, donde los salarios se encuentran entre los más bajos del país, según coinciden gremios docentes, de salud, administración central y ahora el sector judicial.
“La pirámide salarial está destruida”
El gremio denunció que el último incremento —aplicado en agosto, con $80.000 en suma fija más un 4,5% al básico— fue insuficiente y, lejos de resolver el problema, profundizó la distorsión salarial.
“Los aumentos que se otorgan con sumas iguales para todos los empleados rompen la escala, achatan la pirámide y generan más desigualdad”, advirtió la ATJ en su presentación.
El secretario general de la asociación, Horacio Juárez, fue contundente:
“Estamos últimos en la comparación salarial. Lo que cobra un judicial en La Rioja no tiene nada que ver con lo que se paga en otras provincias. No se puede vivir con este sueldo.”
Un reclamo que representa a todos
Aunque el reclamo tiene como protagonista al sector judicial, refleja un descontento generalizado en toda la Administración Pública riojana, donde predominan los sueldos básicos miserables compensados con sumas en negro.
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Docentes con salarios iniciales por debajo de la línea de pobreza.
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Enfermeros y trabajadores de la salud que cobran menos que un alquiler.
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Administrativos que dependen de bonos y ayudas para llegar a fin de mes.
El Gobierno, otra vez en silencio
Mientras los gremios reclaman paritarias reales y no aumentos unilaterales, el Gobierno provincial vuelve a patear la discusión hacia adelante. Sin una recomposición seria y transparente del básico, el Estado riojano seguirá funcionando con trabajadores empobrecidos y estructuras salariales destruidas.
El reclamo judicial podría ser el primer golpe fuerte de un conflicto mayor si otros sectores públicos se pliegan. La pregunta ya se escucha en los pasillos estatales:
¿Hasta cuándo se podrá sostener un Estado que exige en clave 2024 pero paga como si fuera 2005?
