LA RIOJA: EL MAPA DE LAS CARENCIAS QUE EL QUINTELISMO NO QUIERE DISCUTIR

Más de 112 mil hogares riojanos no utilizan principalmente gas natural de red para cocinar, casi 52 mil no tienen conexión a cloacas y más de 8.400 no cuentan con agua de red pública. Los números oficiales del INDEC exponen una deuda estructural con los servicios esenciales. Después de décadas de gobiernos provinciales, la pregunta es inevitable: ¿quién se hace cargo de tantos años de abandono?

La discusión sobre los servicios esenciales en La Rioja merece algo más que discursos políticos y cruces entre dirigentes. Hay una realidad que se puede medir y que afecta directamente la vida cotidiana de miles de familias: el acceso al gas, al agua potable y a las cloacas sigue siendo una deuda importante en la provincia.

Los datos definitivos del Censo Nacional 2022, publicados por el INDEC, permiten ponerle números a esa realidad. Y el resultado obliga a mirar especialmente a quienes gobernaron La Rioja durante décadas y hoy pretenden presentar las carencias históricas como si fueran responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional.

No se trata de defender a ningún gobierno de sus obligaciones. Se trata de establecer responsabilidades y, sobre todo, de no permitir que la discusión política tape los problemas de la gente.

Los números detrás de la discusión

La provincia registraba 126.256 hogares en el Censo 2022. Sobre ese universo, la situación de los tres servicios muestra diferencias importantes:

Las siguientes cifras son cálculos sobre el total de hogares de cada departamento, restando aquellos que declararon contar con el servicio correspondiente.

Una provincia que todavía espera respuestas

La propia información oficial del Gobierno de La Rioja reconoce que históricamente la provincia tuvo una baja cobertura de gas natural.

En su portal, el Ministerio de Agua y Energía informa sobre el Gasoducto Productivo: la primera etapa, Casa de Piedra–Chamical–Patquía, fue inaugurada en noviembre de 2023, con 188 kilómetros de cañería y un beneficio estimado para más de 14.700 habitantes.

La segunda etapa, entre Patquía, Vichigasta, Nonogasta y Chilecito, contempla otros 131 kilómetros y proyecta beneficiar a más de 53.600 habitantes. El mismo organismo provincial informa un avance superior al 93% en esa etapa.

También existe el programa provincial Llama Encendida, que busca financiar instalaciones domiciliarias de gas. El Gobierno informa más de 1.200 instalaciones habilitadas en más de 50 barrios.

Son obras y medidas que deben reconocerse. Pero también dejan en evidencia la dimensión del problema: cuando una provincia necesita desplegar programas especiales para que sus vecinos puedan acceder a una conexión de gas, es porque la infraestructura y el acceso económico siguen siendo insuficientes.

La contradicción política: décadas de deuda y tres años de reproches

Aquí aparece una discusión que el oficialismo provincial debería estar dispuesto a dar sin esquivar preguntas.

Durante décadas, La Rioja estuvo gobernada por distintas administraciones del mismo espacio político o de estructuras vinculadas al justicialismo. Ricardo Quintela no llegó a una provincia que recién comenzaba a tener problemas de infraestructura. Recibió una realidad construida durante muchos años, con déficits históricos en servicios esenciales.

Y hoy, mientras miles de familias siguen dependiendo de garrafas, pozos y sistemas alternativos de saneamiento, desde el poder provincial se multiplican los cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei.

Es cierto que la administración nacional asumió en diciembre de 2023 y que, a noviembre de 2026, está próxima a cumplir tres años de gestión. También tiene responsabilidades en materia de infraestructura, financiamiento y políticas energéticas. Pero hay algo que no se puede borrar con un discurso opositor: los problemas que refleja el Censo 2022 ya existían antes de que Milei llegara a la Casa Rosada.

Incluso, la primera etapa del Gasoducto Productivo fue financiada con aportes no reembolsables de la Secretaría de Energía de la Nación. Eso demuestra que la infraestructura requiere coordinación y recursos de ambos niveles del Estado.

La pregunta, entonces, no es solamente qué hizo o dejó de hacer Milei. También es qué hicieron quienes tuvieron el control de la provincia durante tantos años, qué obras terminaron, cuáles quedaron pendientes y por qué todavía hay familias que no pueden acceder a servicios básicos.

Porque gobernar no es solamente administrar el conflicto con la Nación, organizar conferencias de prensa o denunciar recortes. Gobernar también significa garantizar que abrir una canilla, cocinar sin depender de una garrafa o contar con una conexión cloacal no sea un privilegio.

Las preguntas que merecen respuestas

• ¿Cuál es el plan concreto para llevar gas natural a los hogares que todavía dependen de garrafas?

• ¿Cuándo se completará la segunda etapa del Gasoducto Productivo y cuándo se traducirá en conexiones domiciliarias efectivas?

• ¿Qué inversión anual se destina a ampliar las redes de agua y cloacas?

• ¿Qué departamentos y localidades siguen teniendo las mayores carencias?

• ¿Cuántos hogares se incorporaron efectivamente a estos servicios desde el Censo 2022?

La Rioja no necesita una competencia de discursos entre dirigentes. Necesita obras, planificación, transparencia y resultados que puedan comprobarse.

Después de décadas de gobiernos, no alcanza con señalar al que llegó ayer. Y tampoco alcanza con responsabilizar al pasado para justificar las falencias del presente.

Los riojanos no necesitan explicaciones partidarias para abrir una garrafa, cargar agua o convivir con un sistema sanitario deficiente. Necesitan soluciones.

Y los responsables políticos, de ayer y de hoy, tienen que empezar a rendir cuentas.

FERNANDO BARRIOS – DIRECTOR DE RIOJALANDIA