La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible su competencia originaria y abrió formalmente un proceso judicial contra la provincia de La Rioja a raíz del congelamiento unilateral de tarifas eléctricas dispuesto por el gobernador Ricardo Quintela y la abultada deuda impaga que la distribuidora estatal EDELaR mantiene con la mayorista CAMMESA, según reveló este sábado 31 de octubre El Diario de Catamarca. El máximo tribunal intervino ante el reiterado desacato del marco regulatorio nacional, en una causa que pone en jaque las finanzas públicas provinciales y expone a La Rioja a eventuales embargos patrimoniales.
El fallo de la Corte constituye un límite institucional a la práctica feudal de distorsionar precios relativos por decreto para simular un bienestar inexistente mientras se retienen indebidamente los pagos a los generadores de energía. Como advierte la teoría liberal clásica, el intervencionismo tarifario destruye el cálculo económico y rompe la cadena de pagos mayorista; la pretensión de Quintela de brindar luz artificialmente abaratada a costa del default con CAMMESA termina en los estrados judiciales federales, donde los contribuyentes riojanos deberán responder por los costos e intereses acumulados de una aventura populista insostenible.
Quintela desconoció a la Corte Suprema por la deuda
En una declaración de fuerte impacto institucional, el gobernador Ricardo Quintela desafió abiertamente este martes 3 de noviembre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la apertura de la causa de competencia originaria por el congelamiento de tarifas eléctricas y la deuda millonaria impaga de la distribuidora estatal EDELaR con la mayorista CAMMESA, afirmando que «el ajuste salvaje al pueblo tiene un límite en La Rioja», según reportaron declaró. Casi en simultáneo, un informe comparativo reveló que la administración pública riojana sostiene una estructura burocrática que supera en cantidad de cargos a la nómina laboral global de la multinacional tecnológica NVIDIA (más de 36.000 puestos estatales directos e indirectos), exhibiendo la hipertrofia parasitaria del distrito. En paralelo, el propio presidente de la Cámara Minera riojana, Rodrigo Carrizo, cruzó la línea oficialista al advertir que «la única salida para La Rioja tiene que ser la minería y el RIGI».
El desacato de Quintela frente a la Corte Suprema marca el colapso del relato de soberanía feudal. Ningún decreto provincial puede anular contratos comerciales de suministro mayorista de energía eléctrica ni suspender la vigencia del derecho privado. Al retener ilegalmente los fondos de CAMMESA para financiar una estructura burocrática desmedida y simular tarifas irreales, el gobierno riojano no solo destruye la seguridad jurídica, sino que expone a la provincia a sentencias de ejecución forzosa y embargos judiciales millonarios que terminarán pagando los propios ciudadanos.
