Durante su paso por los estudios de RiojaLandia, el letrado desmenuzó los aspectos centrales de la normativa que regula la imputabilidad a partir de los 14 años, priorizando la resocialización, los centros especializados y las medidas alternativas frente al delito.
En una nueva emisión del programa Dos Tipos Audaces en los estudios de RiojaLandia, el abogado Juan Matías Peiti visitó el piso para analizar la reciente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), un marco normativo largamente debatido que modifica sustancialmente el tratamiento de las conductas delictivas cometidas por adolescentes.
Durante la entrevista, Peiti detalló que la ley establece de manera taxativa su ámbito de aplicación para aquellos sujetos comprendidos en la franja etaria de entre los 14 y los 16 años, abarcando desde el inicio de ese rango hasta las cero horas en que el individuo cumple la mayoría de edad. El especialista explicó que la estructura de la norma no se agota en una finalidad punitiva estricta, sino que introduce un abordaje progresivo enfocado en la educación, la integración social y la resocialización. En este sentido, la legislación contempla desde medidas complementarias y normas disciplinarias hasta penas privativas de la libertad estructuradas bajo diferentes modalidades —en el domicilio, en institutos abiertos o en establecimientos especializados—, priorizando para delitos menores alternativas como el trabajo comunitario o la reparación del daño. Asimismo, la normativa resguarda estrictamente la identidad de los menores involucrados.La puesta en marcha de la Ley 27.801 se da tras un período de 180 días desde su sanción legislativa, un lapso destinado teóricamente a la adecuación de la infraestructura y los espacios físicos necesarios para el alojamiento de los jóvenes imputados. Sin embargo, la implementación convive con interrogantes operativos y debates sobre la capacidad real del Estado para garantizar dispositivos de contención eficaces en las provincias.
El análisis técnico aportado por el doctor Peiti pone de relieve la complejidad de un sistema que busca conciliar la responsabilidad legal de los menores con mandatos constitucionales e internacionales de protección integral. Mientras sectores de la sociedad reclaman respuestas punitivas inmediatas frente al incremento del delito, la arquitectura legal de la norma intenta equilibrar la sanción con la recuperación del adolescente. No obstante, el desafío central radica en la efectiva asignación de recursos y la superación de las falencias estructurales de los organismos de aplicación para evitar que los institutos de régimen penal queden reducidos a meras declaraciones formales sin impacto real en la seguridad y la prevención.
Con el nuevo régimen ya plenamente operativo, el debate sobre su instrumentación y su eficacia real en el territorio continúa abierto, marcando un punto de inflexión en la relación entre minoría de edad, responsabilidad penal y políticas de seguridad ciudadana.
