Ravier aseguró que Malvinas “es una causa nacional” y anunció nuevas medidas contra las empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. El Gobierno también reforzará la presencia en Tierra del Fuego y enviará al Congreso una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El Gobierno de Javier Milei volvió a poner a Malvinas en el centro de la agenda y esta vez el eje no estuvo solamente en el reclamo histórico de soberanía: estuvo también en algo mucho más concreto y estratégico, el petróleo que existe en el mar argentino.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue contundente: “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido ni a una facción de la política. Malvinas es una causa nacional”.
La advertencia oficial apunta especialmente al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Según Ravier, si la Argentina no actúa con rapidez, las empresas podrían avanzar sobre reservas de hidrocarburos que el Gobierno considera parte de los recursos argentinos.
MÁS PRESIÓN SOBRE LAS EMPRESAS
El Gobierno anunció el Decreto 868/2026, que establece mecanismos para acelerar la aplicación de la Ley 26.659 y designa a la Cancillería como autoridad de aplicación.
La advertencia no apunta solamente a las empresas operadoras.
Según explicó Ravier, las sanciones podrían alcanzar también a accionistas, directores y proveedores que participen de actividades consideradas ilegales por la legislación argentina.
Además, la Cancillería informó que ya envió aproximadamente 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con proyectos hidrocarburíferos en la zona.
El Gobierno también aseguró que importantes empresas internacionales proveedoras de tecnología y equipamiento petrolero se distanciaron del proyecto Sea Lion para evitar quedar alcanzadas por las sanciones.
MÁS DEFENSA EN TIERRA DEL FUEGO
Otra de las medidas anunciadas es el DNU 867/2026, destinado a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa para fortalecer las capacidades argentinas en Tierra del Fuego.
A esto se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Ejecutivo enviará al Congreso.
La propuesta contempla, según explicó Ravier, nuevas herramientas judiciales y administrativas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno sostiene que Naciones Unidas reconoce desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y que también existen resoluciones internacionales que llaman a resolverla mediante negociaciones pacíficas.
EL PETRÓLEO CAMBIÓ EL TABLERO
El punto que atraviesa toda la discusión es económico.
Malvinas no es solamente una cuestión territorial.
También está en juego petróleo, gas, pesca y recursos naturales estratégicos.
Por eso el Gobierno busca impedir que empresas desarrollen actividades hidrocarburíferas en la zona sin autorización argentina.
Ravier fue directo:
“Si no actuamos hoy con firmeza y celeridad, en pocos meses estas corporaciones tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas del petróleo de nuestro mar”.
La frase marca el tono de la estrategia oficial.
No se trata solamente de reclamar soberanía.
Se trata de impedir que otros exploten recursos que Argentina considera propios mientras continúa la disputa territorial.
EL GOBIERNO PIDE UN FRENTE COMÚN
La convocatoria de Ravier también tuvo un destinatario interno.
El Gobierno pidió a dirigentes políticos, empresarios y organizaciones sociales mantener una posición común frente a Malvinas.
Y en esto hay una cuestión difícil de discutir:
Malvinas no debería ser propiedad electoral de nadie.
Ni de Milei.
Ni del peronismo.
Ni de la oposición.
Ni de ningún gobierno de turno.
Es una causa que atraviesa generaciones.
La diferencia está en cómo se la defiende.
Y el Gobierno de Milei eligió ahora combinar el reclamo diplomático con presión económica, sanciones, defensa, legislación y protección de los recursos naturales.
La discusión recién comienza.
Porque mientras Argentina reclama soberanía, el petróleo debajo del mar sigue siendo un recurso estratégico.
Y esta vez, además de las banderas, hay miles de millones de dólares en juego.
Fernando Barrios
