Durante una sesión en la Cámara de Diputados, el Diputado Provincial por La Libertad Avanza, Diego Molina Gomez expuso la profunda contradicción entre los multimillonarios fondos de coparticipación que gasta la administración local —cercanos a los 100 millones de dólares al mes— y la precaria situación salarial y urbana que padecen los riojanos.
En el marco de la 10° Sesión Ordinaria del 141° Período Legislativo, la discusión sobre el manejo de los fondos públicos provinciales volvió a ocupar el centro de la escena política, poniendo bajo la lupa el destino de las millonarias remesas que gasta el Estado provincial.
Durante el debate parlamentario, se remarcó que la provincia percibe en concepto de coparticipación federal cifras que rondan los 100 millones de dólares mensuales. Al contrastar estos ingresos con la realidad económica de los trabajadores estatales, cuyos básicos del escalafón general se ubican en niveles sumamente postergados, quedó en evidencia el profundo desfasaje financiero. Asimismo, se cuestionó la falta de respuestas sobre la ejecución de obras estructurales largamente demoradas y la persistencia de deficiencias en servicios esenciales para el interior y la Capital.
La provincia de La Rioja transita un escenario de alta dependencia de los recursos nacionales, arrastrando un modelo de administración centralizado que históricamente priorizó el sobredimensionamiento de la estructura estatal por encima de la inversión genuina en infraestructura y producción.
La discrepancia entre los recursos disponibles y la calidad de vida de la ciudadanía desnuda las prioridades de la superestructura política provincial. Mientras el Gobierno nacional impulsa el orden fiscal, la transparencia y la eliminación de intermediarios ineficientes, la gestión local continúa administrando fondos millonarios bajo lógicas discrecionales que dejan a los municipios sin recursos, a los hospitales sin insumos y a los trabajadores con ingresos licuados. La narrativa de escasez choca frontalmente contra la contundencia de los números de coparticipación recibidos.
El debate legislativo ratificó la urgencia de exigir mayor rendición de cuentas, transparencia y un replanteo absoluto de las prioridades administrativas para que los recursos públicos dejen de sostener gastos ineficientes y comiencen a traducirse en desarrollo real para todos los riojanos.
