Por Redacción Riojalandia – Jueves 22 de mayo de 2025
Mientras los bolsillos de los riojanos siguen sintiendo el impacto de una presión fiscal cada vez más asfixiante, el Gobierno de La Rioja, encabezado por Ricardo Quintela, avanza con una nueva carga económica sobre la ciudadanía. Esta vez, el argumento es la seguridad: un ambicioso proyecto legislativo prevé la creación del Sistema Integral de Videovigilancia para la Seguridad Ciudadana (SIVSEC-LR), financiado mediante una nueva tasa que será cobrada directamente a través de la boleta de la luz.
El plan contempla la instalación de mil cámaras de videovigilancia en distintos puntos estratégicos de la ciudad capital, junto con la puesta en funcionamiento de un Centro de Monitoreo y protocolos operativos para las fuerzas de seguridad. Según se detalló, la intención es reforzar la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos. Hasta aquí, la iniciativa podría interpretarse como un avance. Pero la realidad es que los fondos para sostener esta estructura no saldrán del presupuesto del Estado, sino del bolsillo de los ciudadanos.
Una tasa más: la “contribución por seguridad”
El proyecto propone la creación de una “Tasa Contributiva para el Sostenimiento del Sistema de Videovigilancia”, que será percibida mensualmente a través de la factura del servicio eléctrico, abarcando a todos los usuarios residenciales de la capital. La empresa distribuidora de energía actuará como agente de percepción, es decir, los riojanos no podrán evitar pagarla si quieren mantener el servicio de electricidad.
Aunque se presenta como un «monto fijo de bajo impacto», se trata de una nueva obligación impuesta sin que los ciudadanos tengan opción de rechazarla o evaluarla previamente. El Gobierno promete que los fondos recaudados estarán exclusivamente destinados al mantenimiento y actualización del sistema de vigilancia, pero ya son muchas las dudas sobre la transparencia, eficiencia y prioridad de este gasto.
Privacidad y control
En cuanto al uso de las imágenes, el texto legislativo establece que el tratamiento estará regulado por las leyes nacionales de protección de datos, limitando la captación de imágenes en espacios privados y el uso de las grabaciones fuera de los fines de seguridad. Las imágenes solo podrán conservarse por 60 días salvo orden judicial, y se promete una campaña de difusión para informar a la ciudadanía.
Más impuestos, menos derechos
En lo que va del año, la administración de Ricardo Quintela ya ha impulsado aumentos de tarifas, nuevas contribuciones y retenciones en distintas áreas, consolidando un esquema en el que el ciudadano común paga los platos rotos de una gestión que no ajusta por arriba, sino siempre por abajo. Ahora, en nombre de la seguridad, se impone un nuevo tributo disfrazado de tasa, haciendo recaer sobre la población una responsabilidad que le corresponde exclusivamente al Estado: brindar seguridad sin condicionar el acceso a servicios básicos como la electricidad.
¿Seguridad o pretexto recaudatorio?
Mientras se multiplican las tasas y los impuestos, los servicios esenciales no muestran mejoras proporcionales, y la sensación en las calles es que el Estado delega en los ciudadanos las consecuencias de su ineficiencia y falta de planificación. ¿Cuántas tasas más puede soportar una sociedad que ya está al límite? ¿Hasta cuándo se seguirá cargando a los trabajadores y vecinos con el peso de decisiones que deberían ser políticas públicas sustentables, no parches financieros?
Una vez más, el gobierno riojano elige el camino fácil: poner la mano en el bolsillo del pueblo.
