El Gobierno de La Rioja comenzó a enviar intimaciones formales por carta a empleados públicos que ya cumplen con los requisitos legales para jubilarse, instándolos a que inicien el trámite previsional en un plazo de diez días corridos.
La medida se enmarca en lo dispuesto por la ley provincial 10.784, que introdujo modificaciones al Estatuto del Empleado Público. Según esta normativa, quienes no acrediten haber iniciado el trámite ante la ANSES verán suspendido el pago del adicional no remunerativo conocido como “quincenita”, hasta tanto regularicen su situación previsional.
Desde la Subsecretaría de Gestión Previsional informaron que la decisión busca ordenar el sistema previsional y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente. En caso de no iniciar la jubilación, el trabajador podrá seguir en funciones por un máximo de tres meses o hasta que le sea otorgado el beneficio. Cumplido ese plazo, se procederá a su baja automática de la Administración Pública Provincial.
La normativa nacional también respalda esta acción: el artículo 19 de la ley 24.241 establece como requisitos para acceder a la jubilación ordinaria 65 años de edad para varones, 60 para mujeres y 30 años de aportes efectivos.
Sin embargo, la medida generó preocupación y malestar en distintos sectores de la administración pública, especialmente entre trabajadores que, a pesar de cumplir con los requisitos, no desean retirarse todavía. Mientras el Gobierno provincial defiende la decisión como una política necesaria para optimizar el funcionamiento del Estado, gremios y empleados advierten que puede implicar una forma de presión que afecta derechos laborales.
El debate está abierto: ¿gestión eficiente o vulneración de derechos adquiridos? En medio de un escenario económico complejo, la política previsional se convierte en un nuevo foco de discusión en la provincia.
