Entre los recursos nacionales y la recaudación propia, La Rioja administró en junio fondos equivalentes a unos US$100 millones. El volumen de recursos bajo control del Ejecutivo vuelve a poner en discusión la concentración del poder financiero y político en la gestión de Ricardo Quintela.
La política riojana vuelve a mirar hacia un mismo lugar: la caja del Estado provincial.
Durante junio, La Rioja recibió $130.438 millones provenientes de la coparticipación y otros recursos nacionales, mientras que la recaudación propia alcanzó los $15.666 millones. En conjunto, los recursos mencionados sumaron $146.104 millones, una cifra que, tomando como referencia el tipo de cambio utilizado en el análisis, equivale aproximadamente a US$100 millones.
El dato no significa que todo ese dinero sea de libre disponibilidad ni que el gobernador pueda disponer personalmente de esos fondos. Existen recursos afectados, obligaciones salariales, servicios esenciales, descuentos y compromisos previamente asumidos.
Pero sí permite dimensionar el peso que tiene el Poder Ejecutivo sobre la administración de los recursos públicos en una provincia donde numerosos municipios, organismos y estructuras estatales dependen financieramente del Tesoro provincial.
Y allí aparece una de las principales discusiones políticas: cuánto poder concentra un gobernador cuando controla el flujo de recursos del Estado.
Una caja que también tiene consecuencias políticas
Dentro del peronismo riojano existen cuestionamientos, diferencias internas y dirigentes que aspiran a ocupar espacios de poder de cara a 2027.
Sin embargo, buena parte de esas disputas permanece puertas adentro.
Las críticas circulan en conversaciones privadas, reuniones partidarias y grupos de mensajería, pero son pocos los dirigentes que están dispuestos a confrontar abiertamente con Quintela.
El motivo, según el análisis político, no sería solamente ideológico.
En una provincia con una fuerte presencia del Estado en la economía, el control de los recursos públicos también representa capacidad de decisión política: prioridades presupuestarias, asistencia, programas, obras, transferencias y funcionamiento de organismos.
Esto no implica afirmar que exista una utilización ilegal de los fondos públicos, pero sí plantea una pregunta política de fondo:
¿Puede existir una competencia interna realmente equilibrada cuando una sola estructura concentra buena parte de los recursos y las decisiones?
Los Chachos vuelven a escena
A esta estructura financiera se suma otra herramienta impulsada por la administración Quintela: los Chachos.
El Gobierno provincial volvió a utilizar esta cuasimoneda para complementar ingresos de trabajadores estatales, una medida que el Ejecutivo presenta como un mecanismo destinado a dinamizar el consumo y ampliar el circuito económico local.
Sin embargo, el sistema también genera interrogantes sobre su sostenibilidad, aceptación y eventual rescate.
Para sus críticos, el problema aparece cuando una administración utiliza instrumentos extraordinarios para afrontar compromisos que deberían resolverse mediante una política salarial y financiera sustentable.
Deudas y renta básica: más herramientas para el Ejecutivo
La estrategia provincial también contempla anuncios vinculados con el refinanciamiento de deudas de empleados públicos y la implementación de la renta básica contemplada en la Constitución provincial.
Ambas iniciativas pueden responder a necesidades sociales concretas y beneficiar a sectores que atraviesan dificultades económicas.
Pero su implementación será clave.
La pregunta que deberá responder el Gobierno es quiénes serán los beneficiarios, cómo se determinarán los montos, cuál será el mecanismo de actualización y de dónde saldrán los recursos para financiar esos programas.
También será fundamental que existan padrones públicos, criterios objetivos y mecanismos de control que impidan que las políticas sociales terminen convertidas en herramientas de dependencia política.
El verdadero desafío: transparencia y autonomía
La discusión no debería reducirse a cuánto dinero recibe La Rioja, sino a cómo se utiliza ese dinero y qué resultados produce.
Una provincia puede administrar cientos de miles de millones de pesos y, al mismo tiempo, continuar enfrentando problemas estructurales de empleo privado, inversión, infraestructura y desarrollo productivo.
Por eso, el desafío para el Gobierno de Quintela no es solamente sostener la denominada «caja», sino demostrar que los recursos públicos se transforman en crecimiento, empleo genuino y mejores servicios, y no solamente en una estructura estatal cada vez más dependiente de las decisiones del Ejecutivo.
Con 2027 en el horizonte, la discusión promete profundizarse: ¿los recursos públicos están siendo utilizados para transformar la economía riojana o para mantener aceitada una estructura política que depende del Estado?
La respuesta, más que en los discursos, deberá encontrarse en los números, los controles y la transparencia de cada peso administrado.
