Vicuña y La Rioja: ¿desarrollo o una barrera para la inversión?
El conflicto entre La Rioja y el proyecto minero Vicuña dejó de ser solamente una discusión ambiental o jurídica y pasó a involucrar infraestructura, inversiones y recursos.
El proyecto Josemaría, parte del complejo Vicuña, contempla una demanda inicial de 260 MW y una nueva línea eléctrica de 500 kV, de unos 167 kilómetros.
La Rioja reclama que estas obras garanticen su futura interconexión eléctrica y que Vicuña asuma determinados costos. El planteo puede ser legítimo, pero genera un interrogante: ¿la Provincia está defendiendo una infraestructura estratégica o utilizando su ubicación como herramienta de negociación?
El antecedente de Guandacol
En abril, una medida cautelar impulsada desde La Rioja provocó la suspensión temporal del tránsito de maquinaria pesada por Guandacol, corredor utilizado para acceder al proyecto en San Juan.
La Provincia argumentó cuestiones ambientales y de competencia territorial. Sin embargo, cada conflicto suma incertidumbre para inversiones que requieren desembolsos millonarios.
¿Qué inversor quiere poner miles de millones de dólares donde el acceso, la energía o la logística pueden quedar atrapados en una disputa política?
San Juan toma la delantera
Mientras La Rioja mantiene disputas alrededor del proyecto, San Juan avanzó en acuerdos con Vicuña. El Gobierno de Marcelo Orrego anunció un aporte de US$250 millones para obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento.
El contraste es evidente: San Juan busca transformar la inversión minera en infraestructura y desarrollo, mientras La Rioja aparece vinculada a conflictos que pueden generar incertidumbre.
La pregunta para La Rioja
La Provincia tiene ubicación estratégica y potencial minero. Pero para aprovecharlo necesita reglas claras, seguridad jurídica y capacidad para atraer inversiones.
No hay pruebas públicas suficientes para afirmar que funcionarios riojanos estén exigiendo dinero irregularmente. Por eso, hablar de coimas sería irresponsable.
Pero sí corresponde plantear una pregunta política:
¿La Rioja quiere ser parte del desarrollo minero o convertirse en una barrera para las inversiones?
Si cada proyecto debe atravesar una nueva disputa política, territorial o administrativa, el riesgo es que los inversores simplemente elijan otro destino.
El problema ya no sería solamente Vicuña: sería la imagen que La Rioja proyecta ante la próxima inversión.
