La precariedad del sistema de salud en La Rioja volvió a quedar en evidencia con un fallo contundente de la Justicia Federal, que ordenó a la obra social estatal APOS a entregar de manera inmediata un medicamento de altísimo costo y crucial para la vida de un afiliado.
El juez dispuso que la cobertura debe ser “total e ininterrumpida” y fijó un plazo de apenas cinco días para la entrega de la droga Ravulizumab Ultomiris, utilizada para tratar la hemoglobinuria paroxística nocturna, una enfermedad rara y letal si no recibe atención adecuada.
En caso de incumplimiento, la sentencia establece una multa diaria de $10.000 y, además, remitió la causa a la Fiscalía Federal para investigar un posible delito de desobediencia a la autoridad.
“Se hizo justicia, pero tarde”
El abogado Gabriel Pavón, representante del paciente, explicó que la demora en la provisión de la medicación no es un error administrativo menor, sino una amenaza directa a la vida.
“La falta de entrega a tiempo del medicamento puede tener efectos letales. Estamos hablando de una enfermedad muy rara, y cada día cuenta. Se hizo justicia, pero tarde: nunca debimos llegar a este extremo”.
APOS, otra vez en el banquillo
La resolución judicial no solo deja en evidencia la indiferencia de la obra social provincial, sino también el abandono estructural de un sistema que debería garantizar el derecho a la salud, pero que se encuentra sumido en la burocracia, la falta de recursos y las malas decisiones políticas.
APOS, que depende directamente del gobierno de Ricardo Quintela, viene acumulando reclamos de afiliados por la falta de medicamentos, demoras en tratamientos y la negativa sistemática a cubrir prestaciones de alto costo.
El costo de la ineficiencia
El caso refleja cómo las familias riojanas deben recurrir a la Justicia para acceder a un derecho básico: la salud. Mientras el gobierno provincial derrocha fondos en propaganda y obras inconclusas, los ciudadanos deben enfrentarse a una obra social que solo responde cuando la Justicia la obliga, bajo amenaza de multas y hasta de denuncia penal.
Una vez más, quedó demostrado que en La Rioja el relato oficial de “Estado presente” se choca de frente con la realidad de miles de riojanos: la indiferencia, la precariedad y la desidia de un sistema que solo actúa a palazos judiciales.
Por Fernando Barrios- RIOJALANDIA
