La periodista Manuela Calvo denunció públicamente un episodio que definió como “amedrentamiento policial”, tras la detención de su hijo adolescente en plena vía pública. El hecho ocurrió esta semana en inmediaciones de la plaza principal de la capital riojana, muy cerca del lugar donde trabaja la comunicadora.
Según relató, su hijo logró enviarle un mensaje mientras era interceptado por un grupo de policías. “Me dijo que lo estaban deteniendo sin razón y me mandó una foto desde el lugar. “Me fui de inmediato”, sostuvo. Al llegar al sitio, Calvo denunció que ningún efectivo le dio explicaciones claras ni se identificó debidamente. “Les pregunté por qué se lo llevaban, no me dijeron nada, no tenían nombres visibles. “Fue una situación muy extraña”, expresó.
Hasta aquí, la denuncia se centra en un accionar policial presuntamente irregular, que debería ser investigado por las autoridades competentes para esclarecer si existieron abusos de procedimiento o no.
Sin embargo, la situación escaló cuando Calvo —sin aportar pruebas hasta el momento— afirmó en sus redes sociales que “en la Alcaldía mataron a un preso”. La gravedad de esta acusación no es menor: si tiene información fehaciente sobre un hecho de esta naturaleza, lo correcto y responsable sería presentarla formalmente ante la Justicia.
La Secretaría de Derechos Humanos, la Justicia provincial y la propia Policía deberían tomar nota y actuar de forma rápida y transparente: para revisar el procedimiento policial denunciado.
Si en la Alcaldía efectivamente ocurrió una muerte bajo custodia, el Estado tiene la obligación de investigarlo de inmediato.
Desde Riojalandia, sostenemos que todo abuso institucional debe ser investigado y castigado.
