Buenos Aires / La Rioja.
La tensión política entre el gobierno nacional y la administración de Ricardo Quintela escaló a los tribunales. El Ministerio de Economía de Javier Milei presentó una demanda contra la provincia de La Rioja por presuntos incumplimientos en la rendición de cuentas de fondos públicos, un caso que ya tramita en el fuero contencioso administrativo federal en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la presentación oficial, los fondos habían sido transferidos a la provincia en el marco de un convenio específico con obligaciones claras de ejecución y rendición. Sin embargo, tras constatar irregularidades, el Estado Nacional decidió rescindir el acuerdo e intimó a la administración quintelista a devolver “sumas no justificadas”.
Quintela, a la defensiva
Lejos de dar explicaciones claras, la provincia intentó esquivar el reclamo con una serie de maniobras legales: planteó la incompetencia del tribunal porteño y pidió la prescripción de la demanda. En otras palabras, buscó patear el expediente para no responder por los fondos cuestionados.
El abogado de la Nación rechazó esas excepciones y recordó que el propio convenio firmado por La Rioja incluía una prórroga de jurisdicción a favor de la justicia federal, además de remarcar que la acción fue presentada dentro de los plazos previstos por la ley.
El reclamo: capital, intereses y costas
El Ministerio de Economía pidió que la provincia sea condenada a reintegrar el dinero no rendido, con los correspondientes intereses y costas judiciales. Aunque no trascendió públicamente la cifra exacta del reclamo, el expediente apunta a montos millonarios que podrían impactar de lleno en las ya comprometidas cuentas provinciales.
Contexto: el prontuario financiero del quintelismo
Esta no es la primera vez que la gestión Quintela queda bajo la lupa judicial y financiera:
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Aguas Riojanas S.A.U. → Ejecutada por ARCA por una deuda superior a $129 millones. El juez ya ordenó intimación de pago y embargo.
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LEDLAR S.A.P.E.M. → Otra empresa provincial, con un pasivo de $31 millones que también derivó en embargo judicial.
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Empleo público a mansalva → La Rioja encabeza el ranking nacional con 114 empleados estatales cada mil habitantes, es decir, un 11% de la población trabaja para el Estado provincial.
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Impuestos distorsivos → La aplicación de Ingresos Brutos en cascada sobre medicamentos encarece los precios en farmacias.
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Falta de resultados pese a fondos millonarios → Entre enero y agosto, la provincia administró $843.029 millones, en su mayoría coparticipación. El equivalente a $1,9 millones por habitante en 8 meses, sin mejoras visibles en servicios ni infraestructura.
Un modelo provincial en entredicho
Este conflicto no solo abre un frente judicial, sino que expone la falta de transparencia del modelo quintelista, que desde hace años se sostiene con transferencias nacionales y un aparato estatal hipertrofiado. Mientras la administración local multiplica el empleo público y acumula deudas con empresas provinciales como Aguas Riojanas o LEDLAR, ahora se enfrenta a la Justicia por no rendir fondos de un convenio firmado con la Nación.
La disputa judicial deja en claro que los tiempos de la chequera fácil se terminaron. Con la lupa del gobierno nacional sobre cada peso transferido, La Rioja deberá rendir cuentas no solo ante la Justicia, sino también frente a una sociedad cada vez más cansada de la opacidad y la improvisación en el manejo de los recursos públicos.
