Durante la sesión del Concejo Deliberante, los ediles libertarios cuestionaron con dureza la iniciativa del Ejecutivo, denunciando que busca crear una nueva estructura burocrática sin resolver las verdaderas necesidades de formación y equipamiento de la policía provincial.
En el marco de la 10° Sesión Ordinaria del 141° Periodo Legislativo de la Cámara de Diputados y Concejos, el debate legislativo en torno al proyecto de creación de una policía municipal generó fuertes cruces políticos, destacándose el rechazo frontal del bloque de La Libertad Avanza ante lo que consideran un intento de superestructura burocrática ineficiente.
Durante la discusión en el recinto, los representantes libertarios fundamentaron su voto negativo señalando que la iniciativa gubernamental replica modelos de otras provincias que han demostrado un rotundo fracaso en materia de seguridad. Lejos de aportar soluciones reales, la propuesta oficial impone nuevas cargas y cajas ministeriales para el control de la militancia, obligando a los comisarios a participar de asambleas barriales en lugar de dotarlos de recursos efectivos. Desde el bloque se remarcó que las fuerzas de seguridad locales necesitan asistencia urgente, equipamiento adecuado, patrulleros en condiciones y chalecos antibalas no vencidos, antes que nuevos entes de control civil ajenos a la realidad cotidiana de la calle.
El debate por la seguridad ciudadana en La Rioja transcurre en paralelo a la preocupación por el incremento de los índices delictivos y el desfinanciamiento operativo de las fuerzas provinciales, contrastando con la experiencia de otras jurisdicciones donde la falta de controles y la improvisación institucional debilitaron la prevención del delito.
La postura crítica de la oposición legislativa desnuda las contradicciones de una gestión provincial que prioriza la creación de estructuras políticas y cargos por sobre el fortalecimiento institucional de la policía. Mientras los efectivos enfrentan carencias edilicias y logísticas elementales, el oficialismo insiste en modelos importados que no solucionan el problema de fondo. La exigencia de aplicar la ley y respaldar al personal policial honesto marca un quiebre frente a un sistema que suele desplazar responsabilidades en lugar de garantizar orden y seguridad jurídica a los ciudadanos.
El rechazo al proyecto ratifica la postura del bloque liberal de exigir mayor eficiencia, transparencia y recursos reales para las fuerzas de seguridad, dejando en claro que el camino para combatir el delito no pasa por sumar burocracia, sino por cumplir y hacer cumplir la ley con instituciones fortalecidas.
