La situación financiera del sistema de salud docente vuelve a quedar bajo la lupa. La Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) presentó una demanda de ejecución fiscal contra el Gobierno de la Provincia de La Rioja por una deuda histórica de más de 2,3 millones de pesos en aportes y contribuciones patronales correspondientes a docentes riojanos. Ese monto —sin actualización— podría multiplicarse cuando se apliquen intereses y recargos legales.
La causa, caratulada «Obra Social para la Actividad Docente c/ Provincia de La Rioja – Gobierno de la Provincia / Ley 23.660 Obras Sociales», ingresó al Juzgado Federal bajo el expediente 31401/2025. En las últimas horas, el Tribunal emitió la primera cédula de notificación solicitando a los abogados de OSPLAD que acrediten formalmente su personería antes de avanzar con el embargo y la intimación de pago.
Una deuda que acumula años
Según detallan los certificados presentados por la entidad —ocho en total, numerados del 12808 al 12815—, el reclamo abarca períodos fiscales desde 2015 hasta 2018, años en los que el Gobierno provincial no habría realizado los depósitos correspondientes a:
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Aportes sobre conceptos salariales como el “Incentivo Plus”,
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Sumas no remunerativas derivadas de acuerdos paritarios provinciales (código 322).
OSPLAD sostiene que el Ejecutivo, como parte de la administración central, estaba obligado a actuar como agente de retención de esos fondos destinados al sistema de salud de los maestros, algo que —según la demanda— no ocurrió.
Intereses que pueden disparar el monto final
El capital nominal adeudado asciende a $2.363.466,57, pero la obra social reclamó de manera explícita la incorporación de intereses, recargos y actualizaciones desde el momento en que se generó la deuda. En un contexto de inflación acumulada a lo largo de casi una década, el monto definitivo podría elevarse de manera considerable, presionando aún más sobre las finanzas provinciales.
Lo que viene en el expediente
El Juzgado Federal, con sede en J.V. González, mantiene por ahora en suspenso la orden de embargo hasta que se cumplan las formalidades procesales de los representantes legales de OSPLAD. Una vez acreditada la personería, el tribunal avanzará con la notificación formal al Gobierno provincial, que deberá responder a la demanda y enfrentar un nuevo frente judicial por obligaciones laborales incumplidas.
La causa recién comienza, pero ya pone en evidencia otra deuda que el Estado riojano deberá explicar y resolver.
