La movilización frente a la sede de PAMI La Rioja dejó una escena que rápidamente encendió el debate político y explotó en redes sociales: según denuncias realizadas por sectores opositores y asistentes al lugar, hubo más referentes vinculados al quintelismo que jubilados afiliados realmente afectados por la obra social.
La controversia creció todavía más luego de que comenzaran a circular testimonios y publicaciones asegurando que, de las 57 personas que firmaron el petitorio presentado durante la protesta, apenas 3 serían afiliados activos de PAMI. Y no solo eso: esos mismos afiliados continuarían recibiendo cobertura de medicamentos al 100% y beneficios subsidiados.
La acusación cayó como una bomba en medio del clima político riojano.
“Más militancia que jubilados”, resumieron desde sectores críticos al oficialismo provincial, apuntando directamente contra dirigentes ligados al espacio del gobernador Ricardo Quintela, a quienes acusan de intentar transformar un reclamo sensible en una operación política de desgaste contra el Gobierno nacional.
La protesta había sido presentada públicamente como una manifestación espontánea de adultos mayores preocupados por recortes y prestaciones. Sin embargo, tras viralizarse imágenes, listas y comentarios de participantes, comenzaron las sospechas sobre una presunta utilización partidaria de la convocatoria.
En redes sociales, las críticas no tardaron en multiplicarse:
“Usan a los jubilados para hacer campaña”,
“Quieren instalar una crisis que no existe”,
y “fueron más punteros que afiliados”, fueron algunas de las frases más repetidas por usuarios riojanos.
Desde sectores libertarios y opositores al quintelismo sostienen que la movilización buscó instalar miedo alrededor del PAMI y los medicamentos gratuitos, pese a que muchos de los beneficios continúan vigentes.
Hasta el momento, desde la organización de la marcha no hubo una respuesta oficial detallando cuántos afiliados reales participaron de la manifestación ni aclarando las denuncias difundidas en redes.
El episodio vuelve a dejar expuesta una práctica cada vez más cuestionada por gran parte de la sociedad: la politización extrema de reclamos sociales sensibles, donde muchas veces el objetivo parece ser generar impacto mediático antes que resolver problemas concretos.
Porque cuando una protesta tiene más estructura política que ciudadanos afectados, la legitimidad del reclamo inevitablemente entra en discusión.
